IAM/A.L.J.
En el proyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) nos jugamos mucho, porque la mejora sustancial de la enseñanza es una cuestión esencial y decisiva para el país, sobre todo en el actual contexto de crisis en el que vivimos.Y si no podemos asumirla todos y reconocernos en ella, solo permanecerá como texto legal el tiempo que dure la mayoría coyuntural del PP que la apruebe. En el pedestal de la estatua de Dantón del barrio de La Bastilla en París, se puede leer una frase suya que sigue todavía vigente “Después del pan, la educación es la primera necesidad del pueblo”. Por eso en muchos países no democráticos recortan la educación, porque saben que la ignorancia de los más ha sido siempre el seguro de vida de los menos. Estos pensamientos me vienen a la mente estos días por el inicio en el Congreso de los Diputados de los debates parlamentarios para la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce). La séptima ley en materia de educación que va a tener nuestro país desde la entrada en vigor de la Constitución. Este proyecto de ley, que el Gobierno ha remitido al Parlamento, ha suscitado ya un masivo rechazo de todos, profesores, padres, alumnos y oposición. Inclusive ha tenido, sin estar aprobada, una huelga de docentes y alumnos de centros públicos por su acentuada orientación privatizadora, su intervención exacerbada y su insistencia en la desigualdad. Solo la jerarquía católica la ha recibido con alborozo, porque de nuevo recupera una posición de privilegio en el sistema educativo español. Todo parece indicar que de mantenerse la situación actual de rechazo total a la Lomce de todas las fuerzas con representación parlamentarias, salvo el Partido Popular, la ley saldrá adelante solo con el apoyo de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno. La ley entonces será válida legalmente, según las pautas que rigen nuestro sistema democrático, pero lo legal no siempre es sinónimo de legitimidad y una norma perfectamente legal puede ser también ilegitima. Hasta el Consejo de Estado, en su dictamen sobre el anteproyecto de ley, formuló una demoledora critica que apuntó directamente a los cimientos sobre los que se sustenta la ley, la ausencia de consenso en su elaboración. Dice el dictamen que de esta forma, el texto analizado surge desprovisto del imprescindible consenso que ha de impregnar la regulación de un tema tan sensible como la educación, que solo quedará regulado por la opinión de un partido concreto y no por el de los intereses generales. Así pues, todo parece indicar que el Gobierno enrocándose en su mayoría absoluta, sacará adelante su proyecto de ley ignorando a las “minorías”. El filosofo del Derecho, Hans Kensel, decía que la democracia no es la dictadura de la mayoría, sino que el valor y la esencia de la democracia residen en la capacidad de la mayoría para sacar adelante sus decisiones respetando a las “minorías”. Y en este caso no son tan “minorías” pues el rechazo viene de la mayoría de los profesores, padres y alumnos y de la oposición al completo. Esta será una ley en la que nos jugaremos mucho todos, porque la mejora sustancial de la enseñanza, dotándola de mayores índices de calidad, se perfila como una cuestión esencial y decisiva para el país en el actual contexto de crisis que vivimos. Si no podemos asumirla todos y reconocernos en ella, solo permanecerá el tiempo que dure la mayoría coyuntural que la apruebe. Lo mismo ocurrirá con otras leyes también muy ideologizadas y doctrinarias, al servicio de la Iglesia y de los sectores más radicalizados de la derecha, que ha aprobado este Gobierno.
