IAM/ALJ La semana pasada se reunió en Córdoba la Intermunicipal andaluza del Partido Popular, que aglutina a los alcaldes y concejales de las ocho provincias. Pretendían hacer piña y unificar el discurso del partido frente a las críticas surgidas a la ley aprobada en Concejo de Ministros del pasado 15 de febrero que reformará la administración local. En defensa de su reforma municipal, el PP presentará mociones en todos los Ayuntamientos para explicar el informe que ha manejado el partido como embrión de la futura ley. Y como siempre, esta ley no se va a consensuar ni pactar, sino que se impondrá con su mayoría en el Congreso de los Diputados. Esta ley pretende reducir el número de concejales y sus salarios, la privatización de mucho de los servicios municipales –subordinándolos a la eficiencia- y la desaparición de las entidades locales pequeñas reduciendo sus competencias a la mínima expresión y dejándolas abierta a una intervención automática, si fueran inviables económicamente. Esta reforma pretende hacer una recentralización de carácter preconstitucional y dar un mazazo a la autonomía municipal al regresar al municipalismo de la época franquista. Sin embargo, lo más grave es que quieren eliminar la participación de los ciudadanos atacando la viabilidad de cientos de municipios. En nombre de la austeridad se quieren eliminar solo en Andalucía más de 500 municipios. Esta reforma parece estar hecha por nostálgicos de etapas anteriores, porque quitaría a muchos alcaldes de izquierda para poner a los caciques, a los de siempre, a los que tienen poder o dinero para decidir lo que hay que hacer en los pueblos. El Ministerio de Hacienda estima que con esta reforma se va a conseguir un ahorro de 7.000 millones de euros en todo el país, pero eso está por ver, como todas las medidas de ahorro del Gobierno. Y recordando cifras, esta es equivalente a la deuda que mantiene el Ayuntamiento de Madrid. Como si quisieran hacer pagar a los pueblos pequeños la mala gestión de las grandes ciudades. Este Gobierno manipulador y mentiroso nos quiere hacer creer que la reforma local es una operación de ahorro que necesita España para salir de la crisis. En nombre de la austeridad recortaran el número de concejales, alcaldes y retribuciones, aunque se puede comprobar que el 80% de concejales no percibe nada por su trabajo en los Ayuntamientos. Y reducirán los sueldos de los alcaldes, aunque esto suponga solo el 2% del ahorro total de los famosos 7.000 millones que Montoro dice que conseguirá. Detrás de esta reforma, lo que se está cociendo no es ahorrar aquí o allá, sino vaciar de contenido político a los Ayuntamientos, colapsar las diputaciones con encomiendas de servicios que no puedan hacer y, finalmente, llegar irremisiblemente a la necesidad de privatizar la mayoría de los servicios que prestan los Ayuntamientos a sus vecinos y vecinas. Si el PP quiere hacer de verdad la reforma y modernización de las Administraciones públicas que necesitamos, debería abrir primero un amplio debate sobre las duplicidades de estructuras y funciones existentes, y que hay que eliminar para adaptarlas al tamaño del Estado. También deberían adaptar el gasto a los nuevos perfiles de la sociedad del bienestar y a las características de la organización territorial de España y de la Unión Europea. Pero todo ello mediante debates, negociaciones y pactos de verdad y sin mentiras.
