El sindicato USTEA Cádiz ha denunciado nuevamente la presencia de infraestructuras contaminantes y potencialmente peligrosas en las inmediaciones del IES Almadraba, expresando su apoyo a las movilizaciones impulsadas en la localidad. La organización sindical ha mostrado además su reconocimiento a la labor de la plataforma ciudadana Tarifa No Se Vende por su “defensa continuada del bienestar de la comunidad educativa”.

USTEA señala que durante la pasada semana se habrían realizado trabajos de retirada de amianto en una parcela colindante con centros educativos, presuntamente sin seguir las recomendaciones de seguridad aplicables a este material, catalogado como cancerígeno. Según el sindicato, la actuación se habría llevado a cabo en un entorno especialmente sensible debido a la proximidad de institutos y colegios.

El sindicato recuerda que la plataforma vecinal ya manifestó, desde sus inicios, su oposición a los planes urbanísticos previstos en esa parcela, donde existía presencia de amianto. Dicho proyecto, conocido como “Gran Parcela”, contemplaba la sustitución de equipamientos educativos por viviendas y establecimientos turísticos.

USTEA, que se define como una organización “especialmente sensible con la salud laboral y ambiental”, remarca que ha denunciado situaciones similares en el pasado. Entre ellas, el encapsulamiento de pilares con amianto en el CEIP Guzmán el Bueno y la notificación a la Inspección de Trabajo por la presencia de fibrocemento en dependencias de la Residencia Escolar.

Exigencias sobre legalidad y seguridad

El sindicato subraya que, conforme al Real Decreto 396/2006, los materiales con amianto deben ser eliminados antes de aplicar técnicas de demolición, extremo que, aseguran, “no se habría respetado”, al haberse realizado simultáneamente la demolición y la retirada del material.

Asimismo, insisten en que la normativa establece la obligación de adoptar medidas para evitar la exposición de terceras personas, especialmente en espacios próximos. En este sentido, consideran que habría sido “lógico y necesario” informar previamente a los centros educativos, permitiendo limitar actividades al aire libre durante los trabajos.

Reclamo al Ayuntamiento

USTEA también recuerda que la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados obliga a las administraciones públicas a disponer de un censo de instalaciones con amianto, lamentando que el Ayuntamiento de Tarifa “acumule retraso desde 2023”.

El sindicato reclama que cualquier actuación relacionada con la retirada de amianto sea comunicada públicamente, tanto para garantizar la transparencia como para evitar alarmas innecesarias entre la población.

Retirada fuera del calendario lectivo

Como medida preventiva, USTEA exige que la retirada de uralita o fibrocemento con amianto en centros educativos o sus aledaños se programe fuera del calendario escolar, preferentemente en verano o durante periodos vacacionales, con el objetivo de eliminar cualquier riesgo de exposición para alumnado, docentes y personal de los centros.

El sindicato concluye reiterando su compromiso con la seguridad en los entornos educativos y su respaldo a las iniciativas sociales que persigan garantizar espacios “seguros y libres de amianto”.