Hoy se inicia en el Congreso de los Diputados el debate sobre el proyecto de ley de la reforma local, que se aprobará solo con los votos de los diputados del PP como otras leyes reformistas anteriores y con el rechazo total de la oposición, que ya ha anunciado su derogación en la próxima legislatura y un recurso previo ante el Tribunal Constitucional.Esta reforma deja sin dinero y sin competencias a los Ayuntamientos. Además alarma a alcaldes y ciudadanía por el incierto futuro que se cierne sobre los servicios sociales municipales, prestaciones especialmente exigidas y necesarias en tiempos de crisis económica como los actuales. Los alcaldes temen la desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de tres décadas y fuertemente arraigada, que en la actualidad da servicio a siete millones de personas.El cambio que introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de Bases actual, de 1985, atribuye a los Ayuntamientos competencias en “servicios sociales, promoción y reinserción social”, aunque las comunidades se hayan ido haciendo cargo de esas competencias, al menos sobre el papel, en sus respectivos estatutos de autonomía. De ahí que los municipios, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes, fueran desplegando desde la mitad de los años ochenta servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, de prevención e inserción social, comedores públicos o cualquier otro que el Consistorio consideró necesario para sus ciudadanos.Con el paso de los años, esta atención próxima se ha convertido en una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es la que más ha insistido en la amenaza que supone la ley de reforma de la Administración local, contabilizando -de acuerdo con lo recogido en el presupuesto líquido de 2012- en 5.118 los millones de euros que están en el aire debido a la reforma del Gobierno.Regidores de todo signo político, inclusive los del PP, han elevado el tono de sus quejas a medida que se acercaba el debate sobre esta nueva reforma. Reforma que forma parte del programa de ajustes y austeridad del Gobierno y que pretende llevar a la práctica el principio: una administración, una competencia. Y ninguna asistencia, digo yo.En su actual redacción, el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local limita a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan más de 20.000 habitantes están obligados a hacer frente a una reducida labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. En los municipios más pequeños, el 87% del total, esta competencia se reconoce pero no será de obligatoria aplicación. El resto de los servicios sociales recaerán en la Administración autonómica, que no tiene ni medios ni intención de asumir este servicio.Este domingo se reunieron en Madrid más de 2.000 regidores para protestar por esta reforma y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no consensua la ley con ellos. “La norma obedece a un criterio economicista, es decir, lo único que pretende es ahorro”, apuntaba su portavoz. “Y no conozco otra forma de ahorro en el gasto público que no suponga recortes y quitar prestaciones a los ciudadanos”, sentenciaba.La mayoría de los alcaldes reunidos se preguntaban si el PP se plantea quién va a prestar estos servicios y cómo se van a prestar cuando se apruebe esta reforma. O la realidad es que quieren que desaparezcan. Ya lo decía, pero desde otro punto de vista, la viceconsejera de sanidad del PP de Madrid, “¿tiene sentido que los pobres o los enfermos crónicos vivan gratis del sistema?”. Y digo yo, ¿la ciudadanía seguirá con la misma apatía ante esta pandilla de malvados e inútiles?
