TCAN/OPINION
En el debate del pleno de la Mancomunidad sobre los Ajustes para el 2012-15 y los presupuestos Generales para el 2013, las palabras del portavoz del PP, José Cabrera, me llamaron la atención por su defensa de la continuidad de la Institución comarcal, que decia jugaría un papel muy importante en el futuro político y económico del Campo de Gibraltar. A estos señores del PP no hay quien los entienda, porque esa no es la política oficial de su partido. El Gobierno de Rajoy pretende aprobar antes de finalizar este mes un proyecto de reforma de las Administraciones públicas. Y donde se aboga por la eliminación de las 66 Mancomunidades que hay en Andalucía y las 1032 que hay en total en España. Por supuesto, sin negociar ni llegar a ningún acuerdo con la oposición. Esta reforma se hace sin una evaluación previa del funcionamiento de estas Instituciones Comarcales, que son más cercanas a los ciudadanos que las Diputaciones. También incumple el artículo 103 de la Constitución Española (CE), que dice que las Administraciones públicas deberán servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación… Pero, se les olvida que para reformar previamente hay que conocer. Y está claro por el borrador presentado, que sin esa evaluación previa y solo pensando en los recortes y ajustes y no en la racionalización de los servicios, el Gobierno se está equivocando. La equivocación será total si hace desaparecer a las mancomunidades y les resta servicios a los municipios para favorecer a las Diputaciones. En el actual marco legal (articulo 141.3 de la CE) son las agrupaciones de municipios o mancomunidades las que mejor pueden ajustarse a una organización supramunicipal por su flexibilidad, su carácter voluntario, su rapidez de formación y el respeto a la autonomía propia de cada municipio. Y además, garantiza la máxima racionalidad en la prestación de servicios de competencia municipal. El PP no quiere entender que el 88,2% de los municipios andaluces -donde vive un tercio de su población- se verían afectados en sus intereses generales por esta extraña reforma. Todos los municipios perderían competencias en educación y sanidad y los de menos de 20.000 habitantes además los servicios sociales, culturales e instalaciones deportivas. Los de menos de 5.000, dejarían de tener a su cargo parques, bibliotecas, mercados públicos y tratamiento de residuos. La Junta de Andalucía se ha manifestado en contra de esta reforma y amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional si el Gobierno no salva a las mancomunidades de esta reforma tan poco racional y basada solamente en la austeridad y el ahorro.
