El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció el pasado 3 de abril un grupo intergubernamental para elaborar “un proyecto de instrumento internacional jurídicamente vinculante que promueva, proteja y garantice el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de las personas de edad”.
España figura entre los 42 países impulsores de esta iniciativa. La misión del grupo es redactar una convención (un tratado internacional de gran calado) específica que vele por los derechos de los mayores. Uno de los pilares de las Naciones Unidas ha sido defender a los más vulnerables, ya sea contra la discriminación racial (1965), contra la discriminación de la mujer (1979), o por los derechos del niño (1989) y de las personas con discapacidad (2006).
Han pasado 15 años de debates, con grupos de trabajo previos, donde se concluyó que los derechos de las personas mayores son sistemáticamente transgredidos en muchos países por la única razón de su edad. Los informes manejados muestran vulneraciones en acceso a los sistemas sanitarios, de seguridad social, al trabajo, a la participación pública o a la vivienda.
En palabras de Vania de la Fuente, médica y especialista en edadismo, se trata de responder a los vacíos legales que existen: “Ningún tratado de derechos humanos aborda específicamente el de los mayores, no está por ningún lado el edadismo. Y sin herramientas jurídicas es más difícil exigir a los Estados que protejan los derechos. Una convención permitiría fortalecer rendición de cuentas de gobiernos y los organismos internacionales, crear estándares universales”.
Tal vez con este instrumento no hubiéramos visto el horror de la pandemia por el acceso a servicios básicos de las personas mayores. En opinión de los expertos, el derecho a la salud es uno de los más claramente vulnerados en la Comunidad de Madrid durante la COVID. En ese tiempo la edad fue motivo suficiente en algunos protocolos para excluir a los ciudadanos de la atención sanitaria y la sociedad civil no tuvo defensa para impugnar esas decisiones.
En el ámbito laboral existe una tendencia positiva a retrasar la jubilación y promover el envejecimiento activo, pero tenemos un sistema jurídico que permite la discriminación por edad mediante una directiva europea que posibilita la jubilación obligatoria. Más allá de este caso tan claro y concreto, hay otro tipo de discriminaciones en el mundo del trabajo más sutiles, que tienen que ver con la imposibilidad de participar en formaciones, o de seguir progresando y cambiando de funciones.
A medida que pase el tiempo, más personas se verán beneficiadas por esta convención. Según la ONU, en 2050 habrá más de 1.500 millones de personas mayores de 65 años en el mundo, el doble que hoy. Es el grupo poblacional que más crece, especialmente en países de ingresos medios y bajos, donde los sistemas de protección son más débiles. Pero con una esperanza de vida
extendida, trabajar más años es ya una necesidad humana, social y económica, que va a requerir abandonar unas cuantas políticas de gestión y otros tantos prejuicios.
Datos recopilados por la OMS revelan que una de cada dos personas manifiesta actitudes edadistas. Esta estadística no solo evidencia la magnitud del fenómeno, sino su aceptación tácita como norma. En sociedades que veneran la juventud como sinónimo de productividad, belleza y renovación, la vejez aparece como su antítesis: fragilidad, dependencia, inutilidad. Ya la Encuesta Social Europea (2008-2009) reveló que el edadismo constituía el prejuicio más generalizado en Europa, por encima incluso del racismo y el sexismo.
Uno de los prejuicios más arraigados del edadismo es la supuesta incapacidad de los mayores para adaptarse a la tecnología. Esta creencia, que se disimula tras discursos de eficiencia y modernidad, crea un bucle regresivo: al restringir su acceso a la formación, se refuerza la idea de su obsolescencia. La brecha digital que existía hace una década se está cerrando. Al ser empujados por la pandemia a un uso intensivo de herramientas digitales, los trabajadores mayores demostraron una eficacia que desbarató los pronósticos de los agoreros. No se trataba de capacidad, sino de contexto.
Porque no son los años vividos lo que marca la diferencia entre jóvenes y mayores, sino el contexto vital que da sentido a esas motivaciones. Desean muchas de las mismas cosas, como una compensación justa y el encaje de un trabajo flexible; la única diferencia apunta a las razones por las que lo quieren. La flexibilidad en el horario y en las vacaciones, así como el teletrabajo, se sitúan entre las prioridades para sentirse a gusto. Unos desean tener más tiempo libre para viajar o disfrutar más intensamente de su vida social, y otros para gestionar mejor el equilibrio entre su vida privada y el trabajo.
Los Mayores no solo pueden aprender, innovar, rendir y adaptarse: lo hacen con eficacia cuando se les otorgan condiciones justas, libres de prejuicios y basadas en el mérito. La juventud y la madurez se fecundan mutuamente. Dejar de ver la edad como barrera es comenzar a verla como horizonte. En ese cambio de mirada se abre la posibilidad de un proyecto compartido, donde las generaciones no compitan, sino que converjan.