Tras la ruptura de los cinco Gobiernos autonómicos, que Vox mantenía con el PP, Santiago Abascal se apresuró a subrayar que los Ayuntamientos no tenían “nada que ver” con esa ruptura. Así que, ninguna coalición municipal de populares y ultras se ha roto tras el divorcio de julio en las autonomías, pero ahora la aprobación de los presupuestos municipales pondrá a prueba la solidez de esos pactos.

Sin embargo, la quiebra de las coaliciones en los cinco Ejecutivos autonómicos por la salida abrupta de Vox, no ha cambiado el rumbo en determinadas medidas pautadas por los ultras que significan permitirles opinar sobre los fundamentos del país, el sistema jurídico, los medios de comunicación y las cuestiones culturales.
Al darle ese espacio y poder, les abren las puertas para socavar nuestra democracia, tal y como la conocemos. Porque Vox no tiene opiniones políticas coherentes, sino prejuicios. Si a estas alturas hacemos un balance de las coaliciones de PP y Vox en Castilla León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Murcia, revelará que ha sido el socio minoritario, Vox, quien más ha influido en el mayoritario, PP, y no a la inversa.
Lo evidencian tanto las discrepancias entre los programas electorales de los populares y los pactos de coalición como los discursos de Núñez Feijóo, que reflejan esa progresiva influencia. En las recientes elecciones europeas, Núñez Feijóo vinculó la inmigración irregular, como hace a diario Vox, con la delincuencia: “Pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios”, afirmó.
Porque Vox habrá roto con el PP, pero hay un reguero de medidas de Vox que todavía siguen vigentes en Extremadura, Castilla León, Comunidad Valenciana, Aragón y la Región de Murcia. En todas las comunidades se redujeron las ayudas al desarrollo y sindicatos, y se duplicaron las partidas previstas para la tauromaquia. También se presentaron proyectos de ley de concordia para sustituir al decreto de memoria histórica de 2018 del PP, pese a las denuncias de los tres relatores de la ONU, que señalaban que la ley de concordia “invisibilizaría las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al negarse a nombrar y condenar al régimen dictatorial”.
En cientos de municipios, el matrimonio de PP y Vox sigue dando sus frutos con un reguero de medidas donde los ultras han arrastrado a los populares. Presionados por Vox, algunas corporaciones locales han eliminado concejalías de igualdad, han retirado banderas LGTBI, han censurado obras de teatro y películas infantiles por cuestiones ideológicas, han celebrado jornadas que diluyen la violencia de género o niegan la Memoria Democrática, han suprimido carriles bici o han incumplido con las zonas de bajas emisiones.
Ahora, los consistorios encaran el nuevo curso con la vista puesta en los Presupuestos, principal herramienta para marcar la acción de Gobierno, cuya elaboración y aprobación suele ocurrir de septiembre a diciembre. A la coerción ya ejercida por el partido de Abascal desde el año pasado, se añade la tormenta que estalló el pasado julio, debido a la acogida de menores inmigrantes como telón de fondo, rompiendo por ello Vox los acuerdos con el PP en los cinco Ejecutivos autonómicos que compartían.
El diseño de las Cuentas locales tendrá que cerrarse en un escenario marcado por la crisis migratoria y tras un verano en el que las dos fuerzas de la derecha han endurecido su discurso sobre inmigración, después de que el Partido Popular aceptara el reparto voluntario de menores migrantes no acompañados hace dos meses. No así la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para establecer como obligatoria la derivación de los niños y adolescentes a la península, mientras ambos partidos pugnan por acaparar la bandera de la lucha contra la inmigración ilegal.
“Si hay algún ayuntamiento en el que gobierne Vox con el PP, y el PP diga: Traednos a las menas (acrónimo de menores extranjeros no acompañados), Vox saldrá inmediatamente de ese ayuntamiento”, advirtió el portavoz de la formación ultra, José Antonio Fúster, tres días después de que Abascal mostrase su predisposición a mantener las alianzas tejidas en los consistorios. Desde entonces, y hasta el momento, ninguna coalición de PP y Vox de municipios relevantes se ha roto. Sobre todo, desde que Santiago Abascal dejó claro que es la dirección nacional la que manda sobre todos los miembros de Vox tras la orden de salir de los Gobiernos regionales.
Visto lo visto, no podemos seguir dándole facilidades a los que pretenden socavar y abolir la democracia, sobre todo, a aquellos que fingen acatarla mientras abusan de ella sigilosamente como pasa con Vox. No olvidarlo.