El artículo 50 de la Constitución Española dice «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad».  

El pasado sábado, miles de personas se manifestaron en varias ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Las Palmas, entre otros lugares, convocados por la Mesa para el Blindaje de las Pensiones (MERP), formada en 2013, y que reúne a 400 organizaciones para exigir el blindaje de las pensiones en la Constitución. 

La MERP mantiene un total rechazo a la propuesta sobre pensiones realizada por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, incluida en el Pacto de Recuperación enviado a la Unión Europea, y de la ampliación del período laboral sobre cuyo salario se calcularía la pensión, que en general se vería reducida con esta modificación.  

En Madrid, en torno a 4.000 personas, se concentraron en la plaza del Museo Reina Sofía tras partir de la Puerta del Sol para exigir una jubilación digna con lemas como «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden». Artistas como Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos o Rozalén apoyaron públicamente la concentración.  

En el manifiesto, que se leyó tras finalizar la marcha, han exigido que se «recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas y, por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida o discriminación, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos, discapacidad o cualquier otra pueda afectar a las pensiones». 

La MERP también exige en su catálogo de peticiones que en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se incluya la revalorización en función del incremento interanual del IPC y equiparar las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que a su vez debe equipararse al 60% del salario medio. Igualmente demandan que se vuelva a situar la edad de jubilación en 65 años. 

En el ámbito político, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, denunció a quien plantea alargar el tiempo de cálculo de las pensiones y afirmó que determinadas fórmulas para garantizar la viabilidad del sistema «son extrañas al mandato constitucional», en referencia a la propuesta del ministro Escrivá. 

Ramón Franquesa, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y profesor de Economía Mundial en la Universidad de Barcelona, en declaraciones a EL PAÍS, reclamó la retirada de lo que denominó «la ley Escrivá», «porque abre la puerta para desviar ingresos que recibe la Seguridad Social hoy hacia las pensiones privadas».  

Porque nuestro país no tiene un problema de gasto público en pensiones, sino de ingresos. Y habrá que recordarles a los políticos del Gobierno y la Oposición que el mandato constitucional dice que nuestras pensiones han de ser suficientes. La voluntad del constituyente fue instituir un sistema solidario basado en el reparto entre generaciones, pero parece que se les ha olvidado, porque es inadmisible que se cobre una pensión y se viva en la pobreza. La lucha continua.