Está bien que el Ayuntamiento de Tarifa reclame al Gobierno. Es más, es imprescindible que lo haga cuando una administración, una empresa o cualquier organismo mantiene pendiente una cuestión que afecta al municipio. La reivindicación institucional debería ser una obligación, no una excepción.
El Ayuntamiento lleva casi un mes esperando una respuesta del Gobierno sobre la apertura de la Isla de Tarifa. Los escritos se enviaron el pasado 26 de agosto y el Consistorio ha vuelto a reclamar públicamente una respuesta. Dígame ¿cuanto tiempo lleva esperando algo del Ayuntamiento? ¿que?
La pregunta es sencilla: ¿un mes es mucho tiempo?
Probablemente sí. Pero la pregunta siguiente resulta bastante más incómoda: ¿cuánto tarda el Ayuntamiento en responder a un ciudadano? ¿Cuánto puede tardar un expediente en la Oficina Técnica? ¿Cuánto tiempo llevan algunos problemas municipales esperando una solución?
Porque Tarifa también sabe mucho de esperas.
La Casa de la Juventud continúa siendo uno de esos asuntos que acumulan preguntas. Los problemas con los suministros eléctricos, las reclamaciones a empresas, equipamientos municipales pendientes o expedientes que parecen avanzar a velocidad administrativa —esa unidad de medida que no aparece en ningún reloj— forman parte de una sensación cada vez más extendida: que conseguir respuestas y soluciones en Tarifa puede convertirse en una carrera de fondo.
Y ahí aparece la contradicción.
El Ayuntamiento tiene todo el derecho, y toda la responsabilidad, de exigir al Gobierno que responda. Pero exactamente con la misma lógica, los ciudadanos tienen derecho a exigir respuestas al Ayuntamiento.
No se trata de que el Consistorio tenga competencias sobre todo. No las tiene. Se trata de algo mucho más sencillo: si un problema depende de otra administración o de una empresa, hay que reclamar; y si depende del propio Ayuntamiento, hay que resolverlo o explicar por qué no se puede resolver.
La transparencia no consiste únicamente en publicar notas de prensa. Consiste en poder responder a una pregunta tan sencilla como incómoda: “¿Qué está pasando con esto y cuándo estará solucionado?”
Porque si un mes sin respuesta indigna al Ayuntamiento, es lógico preguntarse qué debería sentir el ciudadano que lleva meses —o años— esperando. Tarifa necesita un Ayuntamiento reivindicativo. Frente al Gobierno, frente a la Junta, frente a las grandes empresas y frente a quien corresponda.
Pero también necesita un Ayuntamiento igual de exigente consigo mismo. Porque hay una regla bastante sencilla: quien exige respuestas fuera de casa debería estar dispuesto a darlas dentro, y si para defender a Tarifa hay que ponerse pesado, que se ponga.
El Ayuntamiento no tiene que solucionarlo todo. Pero sí debería pelearlo todo. Y, sobre todo, explicar siempre qué está haciendo para conseguirlo.
