El diputado provincial delegado de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, ha participado en una jornada formativa sobre la normativa antifraude, que entró en vigor en 2023, dirigida a alcaldes, alcaldesas, representantes municipales y personal técnico de las distintas corporaciones de localidades de menos de 20.000 habitantes en la provincia.

De esta manera, el municipio de Arcos de la Frontera ha acogido la jornada ‘Estrategia provincial antifraude’, organizada por el Servicio de Asistencia a Entidades Locales de la Diputación, y en la que también ha estado presente el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, como ha indicado la institución provincial en una nota de prensa.

La actividad formativa ha sido impartida por personal de la Oficina Andaluza Antifraude adscrita al Parlamento de Andalucía, y del Servicio de Asistencia a Entidades Locales, quienes han resuelto las dudas planteadas por las personas inscritas en la misma.

Tal y como ha recordado la Diputación, el pasado 2 de julio de 2023 entró en vigor la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, de aplicación a las entidades integrantes de la administración local de la comunidad autónoma de Andalucía, y a organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las mismas, se establecen obligaciones que deben ser cumplidas por las citadas entidades.

Cabe señalar que esta institución ha iniciado los trámites para incorporarse a la red de Organizaciones por la Integridad Pública (OIP) que promueve la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), siendo la primera Corporación provincial en Andalucía que emprende este proceso de adhesión.

La Oficina se concibe como un refuerzo de la independencia y profesionalidad del personal de la función pública frente a situaciones que pueden suponer un menoscabo de los intereses generales. Establece medios para prevenir y erradicar posibles casos de fraude, corrupción, conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal. De hecho, proporciona un sistema de protección para los denunciantes basado en la preservación de su anonimato y constituye un impulso para la integridad y la ética pública.