Las organizaciones ambientales denuncian además que supone un peligroso precedente para otras comunidades autónomas.
Aprovechando la actual situación de excepcionalidad, el Parlamento de Andalucía ha convalidado con los votos de PP, Cs y Vox el decreto aprobado recientemente por el Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se desregulan numerosas actividades económicas, se reduce la participación pública y se eliminan garantías ambientales.
Para las principales organizaciones ecologistas se trata de un auténtico despropósito que, con el argumento de agilizar trámites administrativos para reducir el impacto socioeconómico del Brexit y de la pandemia del coronavirus, la Junta de Andalucía cambie 21 leyes y seis decretos a través de una convalidación con un reducido número de parlamentarios a causa de la cuarentena.
La mayoría de estas modificaciones nada tienen que ver con una pretendida simplificación de trámites burocráticos. Muy al contrario, pretenden reeditar el modelo económico imperante durante los años de la burbuja especulativa que llevó a España a la crisis de 2008, al tiempo que se reduce el papel de la administración pública en la defensa y salvaguarda de la naturaleza y los derechos sociales. Estos cambios legislativos y normativos pueden provocar importantes daños ambientales y territoriales y fomentar, de nuevo, entre otras cosas, la especulación urbanística, afectando también a otros sectores sociales y económicos.
Entre las principales modificaciones que afectan a cuestiones ambientales, destacan:
Se amplían las actuaciones que se pueden declarar de Interés Autonómico, lo que facilita su tramitación y aprobación, como son: urbanizaciones residenciales supramunicipales, puertos y aeropuertos, embalses, grandes establecimientos comerciales, turísticos e industriales.
Se modifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para reducir plazos en la tramitación de planes urbanísticos, a pesar de la imposibilidad de la propia Junta de Andalucía de cumplirlos para evaluar informes, con lo que se aprobarán sin las debidas garantías.
Se sustituyen los Planes Especiales y Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable para la implantación de diversas infraestructuras, canteras y minas por un mero informe. Se elimina así la obligación de someter esos planes a Evaluación Ambiental Estratégica.
Se modifica la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), sustituyendo el régimen de autorización ambiental unificada al que se encontraban sometidos determinados proyectos y actuaciones por el de calificación ambiental, con muchas menos exigencias, y que aprueban los Ayuntamientos.
Modificación de la Ley del Sector Público de Andalucía, para dinamizar la privatización del patrimonio agrario público de la Junta de Andalucía.
Se modifica el Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, permitiéndose en los proyectos de recuperación voluntaria dejar los suelos contaminados confinados en el lugar donde se encuentren.
Se modifica el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre para eliminar la obligación de dotar de red de alcantarillado y depuración conjunta de aguas residuales a las urbanizaciones ilegales que se pretendan legalizar.
Se modifica de la Ley de medidas frente al cambio climático, eliminando la obligación del cálculo de la huella de carbono de productos y servicios.
Para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, si las formas y el momento de la aprobación son inaceptables, mucho más lo es el contenido y la justificación del Decreto. Este es representativo de la forma en que la Junta de Andalucía entiende que debemos actuar al salir de la crisis, desregulando procesos que nos garantizan el buen funcionamiento de actividades y proyectos, eliminando cautelas bajo el pretexto de agilizar plazos cuando la falta de agilidad administrativa es culpa del mal funcionamiento de la propia Junta de Andalucía en muchas ocasiones, eludiendo procesos de participación pública incluso en contra de los objetivos de leyes estatales y directivas comunitarias y, en definitiva, permitiendo el todo vale.
Estamos atravesando momentos muy difíciles debido a las pérdidas personales y socioeconómicas derivadas de la crisis del coronavirus. Es precisamente en estos momentos cuando resulta vital un buen corpus administrativo y legislativo, como armazón público que garantice los servicios y la salud de las personas y el medioambiente. Esta reforma relaja las normativas de salvaguarda ambiental y de otros sectores socioeconómicos vitales para Andalucía sin sacar ninguna lección de la crisis que estamos atravesando.
Por estos motivos, las principales organizaciones ambientales apoyan el anuncio del PSOE y Adelante Andalucía de presentar un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional contra este Decreto, con el fin de restituir las garantías legales ambientales en Andalucía de los procedimientos ahora afectados por esta modificación. Por su parte, ejercerán todas las acciones legales posibles en ámbitos españoles y europeos para que una contrarreforma ambiental como la que ha iniciado la Junta de Andalucía no se consolide.
La mayoría de estas modificaciones nada tienen que ver con una pretendida simplificación de trámites burocráticos. Muy al contrario, pretenden reeditar el modelo económico imperante durante los años de la burbuja especulativa que llevó a España a la crisis de 2008, al tiempo que reduce el papel de la administración pública en la defensa y salvaguarda de la naturaleza y los derechos sociales. Estos cambios legislativos y normativos pueden provocar importantes daños ambientales y territoriales y fomentar, de nuevo, entre otras cosas, la especulación urbanística, afectando también a otros sectores sociales y económicos.
