Se han incautado cerca de diez toneladas de hachís, además de doce vehículos que habían sido sustraídos en España y Marruecos, y se han intervenido bienes inmuebles por valor de casi tres millones de euros.

También han sido desmanteladas diez “guarderías” para la ocultación de la droga y los vehículos robados, ubicadas en zonas de difícil acceso para impedir y dificultar la acción policía.

La Guardia Civil considera que con esta operación “ha sido desarticulada una de las más importantes organizaciones criminales dedicada al tráfico de drogas entre el norte de África y Europa a través de las costas andaluzas”.

En los alijos intervenidos en las playas de San Roque, Tarifa y Manilva la Guardia Civil se ha incautado de un total de 9.640 kilos de hachís, mientras que en las diez “guarderías” localizadas en Estepona, Manilva, Casares (Málaga) y en Tarifa, San Martín del Tesorillo y San Enrique de Guadiaro ha recuperado doce vehículos robados en España y Marruecos.

En los ocho registros efectuados en otros tantos domicilios se ha localizado documentación que está siendo analizada por los especialistas en blanqueo de capitales, mientras que se ha solicitado a la autoridad judicial que prohíba disponer de sus bienes a los implicados mientras se determina el origen de su patrimonio. Además, se ha solicitado a la Autoridad Judicial la prohibición de la disposición de los bienes muebles e inmuebles nominales de los implicados, estando en ejecución una Investigación Patrimonial para determinar el origen de esos bienes. Hasta el momento los investigadores han intervenido bienes inmuebles por un valor 2.809.576 euros y de bienes muebles por 293.818 euros.

Se ha ordenado el ingreso en prisión de más de la mitad de los detenidos, la mayoría de los cuales lo fueron mientras efectuaban los alijos en la playa y custodiaban la droga o los vehículos sustraídos. Uno de los cabecillas de la organización es un empleado público que no efectuaba ningún tipo de alarde u ostentación.

La operación, coordinada por la Jefatura de la Guardia Civil en Andalucía, continúa abierta y está dirigida por el Juzgado Mixto 1 de San Roque. La investigación se inició en agosto pasado cuando el Instituto armado detectó una organización muy activa dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís en la zona del Campo de Gibraltar y Manilva (Málaga).

Usaban edificios en obras para ocultar vehículos utilizados para el transporte del hachís.

La organización desarticulada contaba con pilotos experimentados en embarcaciones semirrígidas para transportar el hachís desde Marruecos hasta las costas andaluzas, y que contaban con un nutrido grupo de personas o “puntos” para dar aviso en caso de presencia de la Guardia Civil.

Igualmente contaban con “collas” o grupos de personas encargados de descargar el hachís ya en la costa y volver a cargar la droga en vehículos todoterreno que previamente habían sido robados y a los que les quitaban los asientos traseros para aumentar su capacidad de carga.El hachís era cargado en vehículos que previamente habían sido robados por una “división” que, tras robarlos, los preparaba para la carga y los escondía en lugares seguros hasta que eran utilizados para el transporte de la mercancía. Eran, preferentemente, todo-terrenos de gran capacidad, a los que tintaban las lunas de negro y quitaban los asientos traseros para aumentar la capacidad de carga.

Las ramas de la organización asentadas en San Roque y Manilva (Málaga) usaban obras en construcción para ocultar estos vehículos, mientras que la asentada en Tarifa  usaba fincas en las que tenían depositados contenedores de transporte.

También disponían de un sistema de “guarderías”, con personal encargado de su custodia para evitar la acción de la policía o de otras bandas dedicadas al

En primer lugar los fardos de hachís se cargaban en los vehículos robados y se ocultaban en un lugar cerca de la costa para ‘enfriar’ la mercancía. Una vez que pasa un tiempo prudencial, para asegurarse que no están perseguidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son transportados a otra segunda guardería o zulo.

Este segundo zulo contaba con más medidas de seguridad y, desde allí, la droga era transportada a su destino final, que podía ser cualquier punto de Europa.

Otra medida de seguridad era el numeroso grupo de personas que se encargaban de vigilar las tareas de desembarque y transporte de la droga; de hecho, se han intervenido cerca de 30 teléfonos móviles, algunos de ellos con pegatinas en los que indicaba el lugar donde tenían que ubicarse estas personas.