La Policía Nacional ha detenido a 76 personas y ha imputado a otras 84 en una operación en la que ha destapado un complejo entramado empresarial para defraudar a la Seguridad Social del que se han beneficiado unos 500 inmigrantes y que ha causado un perjuicio al Estado de unos dos millones de euros.

Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía, el creador de la red de empresas ficticias cobraba a inmigrantes por formalizar falsos contratos de trabajo y altas que les permitían acceder a subsidios por desempleo y obtener permisos de residencia.Las personas arrestadas e imputadas están acusadas de los delitos de fraude por el cobro de prestaciones, falsedad documental y estafas, y la Policía busca ahora al cabecilla del entramado, Hamed El Abbas, de origen marroquí y 43 años, quien cuenta con antecedentes por delitos similares y no ha sido localizado.Se han esclarecido 161 delitos gracias a la colaboración entre la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y la Policía Nacional.La gran mayoría de los más de 500 beneficiarios que se estima han participado en estas actividades ilícitas residen en Ibiza y Madrid.La investigación comenzó en el año 2011, cuando la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid detectó que una carnicería de la localidad de El Molar tenía supuestamente contratados a más de 30 trabajadores, cuando su volumen de negocio era pequeño.Al investigar al dueño se constató que había creado otras diez empresas en Ibiza con características similares, y que luego trasladó su actividad a Madrid, de manera que podía haber facilitado contratos falsos de trabajo y falsas altas en la Seguridad Social a más de 500 personas, según ha explicado el director territorial de la Inspección de Trabajo en Madrid, Jorge Travesedo.La Inspección puso estos hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que constató que Hamed El Abbas había creado diez empresas mercantiles que operaban principalmente en Madrid, Ibiza y Algeciras y que nunca tuvieron actividad real.Algunas de las empresas ficticias eran carnicerías, aunque también había locales de envío de dinero, y el cabecilla se servía de «captadores» de inmigrantes que necesitaban cobrar prestaciones o regularizar su situación.Las 500 personas que se habrían beneficiado de este fraude abonaban entre 300 y 500 euros por conseguir los documentos y se ha acreditado que 180 habrían percibido prestaciones de forma fraudulenta y 135 habrán empleados los contratos falsos para tratar de regularizar su situación en España u obtener permisos de residencia.El Comisario Jefe de la Brigada Central de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, José Luis André, y el inspector jefe de la Sección de Investigación de la Comisaría General de Policía Judicial, Miguel Ángel Gómez, han relatado que la mayoría de los beneficiarios de la red fraudulenta acudía a ella por necesidad, ya que se encontraban prácticamente en la indigencia, y previsiblemente no podrán devolver el dinero que cobraron irregularmente.El presunto cabecilla compareció ante la Inspección de Trabajo en julio de 2012 y aseguró que «había olvidado» que tenía en marcha varias empresas y no sabía cuál era la situación de sus trabajadores ni de los camiones que supuestamente utilizaba en su actividad empresarial.Cuando la Policía fue a detenerle la pasada semana había huido, posiblemente a su país de origen, por lo que ahora se le busca y, al igual que el resto de detenidos e imputados, sus datos constan en la Seguridad Social para que no puedan volver a percibir ayudas.Los mandos policiales han destacado la importancia del convenio firmado el pasado mes de abril entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para evitar fraudes como el destapado en esta operación.El director de la Inspección de Trabajo en Madrid ha subrayado que en 2012 se recuperaron 70 millones de euros gracias a esa colaboración y en los seis primeros meses de 2013 se han recuperado 44, lo que supone más de 40 por ciento que en el mismo período de 2012. EFE