IAM/EP
Los exescoltas gaditanos Miguel Ángel Guerrero y José Vega han decidido levantar la huelga de hambre que mantenían desde hace 36 y 33 días, respectivamente, en demanda de un puesto de trabajo en la vigilancia del perímetro de la prisión de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), tal y como afirman que se comprometió el Gobierno con quienes trabajaron protegiendo a personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra cuando se produjo el cese de la violencia por parte de la banda. Guerrero ha comunicado a Europa Press su decisión después de mantener una reunión con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, que se ha desplazado hasta la localidad algecireña para entrevistarse con los antiguos escoltas. Valoran el «gesto» del Subdelegado, quien les ha «escuchado» y también «se ha comprometido a hacer lo que esté en su mano» para aportarles soluciones. Eso, unido a que «otros compañeros –antiguos escoltas– están siendo llamados en otros puntos de España por las empresas adjudicatarias» de la vigilancia en el perímetro de las prisiones les ha llevado a abandonar una huelga que les ha dejado la salud «resentida» y les ha hecho perder unos diez kilos de peso a cada uno. Abandonan la protesta con la «satisfacción de haber sido punta de lanza y haber contribuido a la solución de muchos compañeros», aunque quedan a la espera de que llegue la solución definitiva para ellos mismos. Los dos exescoltas han agradecido el «apoyo y el esfuerzo» de representantes sindicales y políticos que han estado «apoyándonos y ayudándonos», haciendo una mención especial a la «sensibilidad» demostrada por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por quien se han sentido arropados «desde el minuto cero». Por su parte, en declaraciones a los periodistas, De Torre ha expresado su «preocupación» por estas personas y se ha comprometido a tratar de aportarles soluciones haciendo «en su nombre» las gestiones que estén en su mano ante las citadas empresas de seguridad a fin de que puedan ser contratados. El subdelegado ha aclarado que el Ministerio del Interior «no tiene un compromiso de recolocación de antiguos escoltas, sino un plan de reducción de reducción de escoltas como consecuencia de una situación que se plantea en España». Ese plan implica la recolocación paulatina en unidades activas de aquellos antiguos escoltas que son agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por otro lado, se abría otra posibilidad con el establecimiento de determinados servicios de seguridad privada en los perímetros de seguridad de las prisiones españolas. Subraya que se trata de un procedimiento «largo y complejo» que se está llevando a cabo mediante licitaciones y adjudicaciones a las distintas empresas de seguridad que prestaban servicios en el País Vasco y Navarra para la protección de personas amenazadas por ETA. Así, son las empresas las que tienen la posibilidad de incorporar a los antiguos escoltas en sus plantillas, comenzando por aquellas personas que les vienen prestando servicios en este momento.
