IAM/Redacción La Junta sanciona con 300.000 euros a una farmacia por comercializar medicamentos como almacén mayorista
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes sancionar con una multa de 300.000 euros al titular de una oficina de farmacia de la provincia de Cádiz,, presumiblemente en La Línea, por comercializar y distribuir, como almacén mayorista no autorizado, medicamentos que previamente adquiría para su negocio a los proveedores legales.
La Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos sanitarios tipifica como infracción “muy grave” realizar, por parte de las oficinas de farmacia, actividades de distribución de medicamentos a otras oficinas de farmacia, almacenes mayoristas autorizados, u otras entidades, centros o personas físicas sin autorización para la actividad de distribución, o bien la realización de envíos de medicamentos fuera del territorio nacional.
Según la Junta, la sanción acordada se impone “en su grado máximo” al concurrir “circunstancias agravantes” de fraude, incumplimiento de las advertencias previas, perjuicio causado, permanencia o transitoriedad de los riesgos y beneficio obtenido con la infracción, entre otras.El procedimiento sancionador fue iniciado en 2014 por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz, a raíz de la labor realizada por el Servicio de Inspección de la Consejería de Salud.
Durante el pasado año, los profesionales de este cuerpo realizaron 26 inspecciones a oficinas de farmacia por distribución de medicamentos o ventas sin receta en la comunidad autónoma. Cinco de ellas motivaron la apertura de expedientes sancionadores.Colegio de Farmacéuticos de Cádiz colaborará para erradicar la distribución ilegal Por su parte, el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, después de que el Consejo de Gobierno de la Junta haya sancionado a una farmacia de la provincia por comercializar y distribuir como almacén mayorista no autorizado medicamentos, ha asegurado que colaborará para erradicar la distribución ilegal de medicamentos en las oficinas de farmacia.
En un comunicado, el Colegio condena cualquier práctica que ponga en peligro el acceso del paciente a sus medicamentos, que constituye la esencia del modelo de farmacia que disfrutamos en nuestro país.
Además, ha manifestado que el Colegio colaborará, como ha venido haciendo hasta ahora, con las administraciones sanitarias, la justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para perseguir y erradicar cualquier actuación de distribución ilegal de medicamentos u otra que ponga en peligro el acceso del paciente a sus medicamentos en las oficinas de farmacia de la provincia y se aplicará al infractor, con el máximo rigor, el Código Deontológico de la profesión.
Por último, lamenta “profundamente” el daño a la imagen de los profesionales farmacéuticos y de la farmacia –“el servicio sanitario mejor valorado por la población”– que estas prácticas ocasionan.
