Tras más de un año de investigaciones, la denominada operación «Tortilla» ha culminado con la detención de las 64 personas acusadas de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según ha informado a Efe la Guardia Civil.
El conocido como clan de los Pinchos operaba en las costas de Málaga y Cádiz, aunque el grueso de la organización se ubicaba en el Campo de Gibraltar.
Allí, la Guardia Civil ha encontrado hasta un varadero para las narcolanchas en uno de los registros practicados en Palmones (Cádiz). Seis de estas embarcaciones han sido incautadas, además de 16 vehículos.
De las pesquisas se desprende que la organización desmantelada introducía en nuestro país entre 3.000 y 6.000 kilos de hachís y fruto de los registros se han incautado de ocho toneladas de esta droga.
El primer alijo fue interceptado por los agentes en el paraje conocido como Catalaraje, en Estepona (Málaga). Ahí, la Guardia Civil ha detenido a los seis primeros miembros de la organización y ha logrado incautar casi tres mil kilos de hachís.
Los investigadores continúan las pesquisas y comprueban como en posteriores alijos los cabecillas cambian la manera de desembarcar la droga ante la presión de la Guardia Civil.
En un segundo alijo intervenido, la organización realiza varios desembarcos en zonas de difícil acceso desde tierra, fraccionando la carga, para evitar jugársela en un solo punto de la costa.
En otra ocasión, el clan opta por realizar dos alijos simultáneos usando para ello dos embarcaciones rápidas. Además llegan a cambiar la zona de desembarco, llegando a alijar a la misma vez en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga.
A pesar de todas las variantes del modus operandi que usa la organización para conseguir introducir el hachís en la Península, la Guardia Civil le incauta a la organización ocho toneladas de hachís en cuatro alijos.
Por otra parte, los investigadores detectan operaciones de blanqueo y reciclaje de capital procedente del narcotráfico.
Para ello adquirían el material náutico necesario para realizar las actividades ilícitas a una empresa de uno de los componentes de la organización, siendo los administradores sus propios padres.
Para realizar los pagos de dicho material náutico (motores, medios electrónicos, material de náutica) usaban como testaferros a personas con poca o ninguna capacidad económica, en algunos casos en estado de marginalidad.
A tres millones de euros asciende el valor de lo incautado a esta organización, entre ellos embarcaciones, vehículos, bienes muebles e inmuebles, así como el embargo de sus cuentas bancarias.
En la explotación de la operación han participado 250 guardias civiles de la Comandancia de Algeciras, Servicio Aéreo, Grupo de Acción Rápida, Grupo de Reserva y Seguridad, así como el CCON y el OCON.
