El BOE del pasado 20 de marzo recogía la Resolución de la Secretaría General de Coordinación Territorial que realizaba un reparto de responsabilidad entre las administraciones encargadas de pagar las multas que la Comisión Europea ha impuesto por el incumplimiento de la Directiva de Aguas Residuales en aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes.

El criterio determinante en el peso de responsabilidades ha sido la «existencia de declaraciones de interés autonómico para la ejecución de las EDAR correspondientes».

Respecto a Tarifa, se señala que «no consta en relación a esta aglomeración urbana declaración de interés general del Estado» pero sí una «declaración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre las obras de depuración de las aguas y más particularmente la ampliación de la EDAR y colectores en Tarifa y sus núcleos», así como el Convenio del 21 de noviembre de 2013 suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Tarifa para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas. La responsabilidad aquí, por tanto, caería en hombros de la Junta. En cualquier caso, se recuerda, el montante se reduciría al impuesto a tanto alzado, ya que en 2018 se procedería a la cesión y entrega de las instalaciones en la localidad.

En total, la suma a tanto alzado desde julio 2011 (fecha de la sentencia de la Unión Europea) hasta julio de 2018 suma la cantidad en Tarifa de 252.426, 29 euros.