TCAM/REDACCION
El Gobierno de los Jueces preocupado por la reforma del Código Penal del ministro Gallardón, encargó a su vocal Margarita Robles la redacción de un informe sobre dicha reforma. Este informe ya terminado, está pendiente de estudio y votación por el Consejo General del Poder Judicial.
En el avance, que conocemos, se consideran inaceptables una serie de artículos de la reforma penal como el delito de lesiones, que exige denuncia previa; el delito de detención ilegal (secuestro), que puede quedar como delito de sospecha; el delito de “alojar” en la trata de seres humanos, que se excluye; el delito de hurtos, que se eleva si se porta instrumentos peligrosos; la venta ambulante o la fabricación de productos, que se consideran contravienen los derechos de propiedad industrial; la resistencia pasiva, que se considera atentado… y muchos más. No me voy a extender ahora a todos ellos. Sin embargo, si es necesario leer -aunque no seas un profesional del derecho, basta con ser un buen ciudadano- con mucho detenimiento este amplísimo proyecto de reforma del Código Penal para enterarse de las nuevas barbaridades que propone el Gobierno de Rajoy en la Justicia. No descansan. En esta reforma van contra la calle, la protesta, la desobediencia civil o la resistencia pasiva. En el caso de la resistencia pasiva, propone nuevas sanciones al considerar atentado los episodios de violencia leve dentro de la resistencia pasiva.
El atentado contra la autoridad está castigado actualmente con pena de prisión de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses. Esto supone equiparar comportamientos cuya gravedad es siempre desigual. Es evidente, que actos episódicos de violencia leve dentro de un comportamiento global de resistencia obstativa como es impedir, estorbar y oponer, según la RAE, no equivalen a la resistencia activa de carácter grave, que configura el delito de atentados contra la autoridad. Este Gobierno no admite, y se propone sancionar o castigar, la ira (pasiva) del desesperado que ha perdido casa, trabajo y derechos. Este Gobierno no tiene compasión, ni comprensión con la gente maltratada que se echa a la calle a protestar. Quieren convertir el discrepar en un delito. Este Gobierno nos invita a ser sumisos y no discrepar. El que se queje, a la cárcel. Hasta cuándo vamos a permitir los abusos de esta partida de inquisidores.
