TCAM/REDACCION.ALGECIRAS: Izquierda Unida promoverá que todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz acuerden declarar sus respectivos municipios como “libre de desahucios”, así como que se adhieran al Convenio de colaboración en el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda puesto en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y que ha sido ya remitido por esta a todas las entidades locales. Así lo ha anunciado esta mañana en Cádiz la parlamentaria andaluza por Cádiz, Inmaculada Nieto, quien ha dado a conocer en rueda de prensa la moción tipo que llevará Izquierda Unida a todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia donde cuenta con representación. Según la diputada, “el objetivo de Izquierda Unida es lograr que Andalucía pueda ser una comunidad libre de desahucios” y para ello es necesaria la implicación de todas las administraciones.La parlamentaria gaditana ha destacado como paso fundamental en la lucha contra los desahucios la posición adoptada por la Consejería de Fomento y Vivienda al decidir “romper la equidistancia con que los poderes públicos se enfrentaban en el conflicto de los desahucios; la Consejería de Fomento y Vivienda, a través del Programa en Defensa de la Vivienda ha decidido sentarse al lado de las personas que son víctimas y por tanto, en frente de las entidades bancarias que han llevado a las familias al sobreendeudamiento”. En este sentido, Nieto calificó de “imprescindible” que todos los ayuntamientos de la provincia suscriban un convenio que no supone gasto alguno pero sí toda una declaración de intenciones contra los desahucios, además de una colaboración necesaria con el programa de lucha puesto en marcha por la Consejería. “Todos los ayuntamientos cuenta con personal en asuntos sociales, con registros de demandantes de viviendas y con datos como para elaborar informes sobre la situación social y económica de los vecinos de los municipios”, apunta la diputada. Esta adhesión supondría, según explica, “poner a disposición de los ciudadanos las oficinas de atención, poner al servicio de la Junta los datos sobre los demandantes de viviendas y en tercer lugar y de especial relevancia, colaborar con la Junta a la hora de informar sobre situaciones de personas en riesgo de exclusión social, de cara a detectar casos de personas que necesitan asesoramiento previo que pueda llevar a evitar la vía del desahucio”.Nieto destacó la cruzada contra los desahucios abierta por Izquierda Unida desde la Consejería de Fomento y Vivienda o en la defensa de la formación política “sin fisuras” a iniciativas como la Iniciativa Legislativa Popular a favor de la dación en pago, cuya recogida de firmas finaliza esta semana. Apostó además, por un cambio en aspectos como la recomposición de la deuda privada o la necesidad de gestionar desde lo público las viviendas del “Banco Malo”.Por su parte, el responsable provincial de Vivienda de Izquierda Unida, Martín Vila, que compareció junto a Nieto, recordó que la Comunidad andaluza, con 10.438 alzamientos judiciales desde enero a septiembre de 2012, sinónimos a desahucios, es la tercera comunidad autónoma en número de alzamientos. En cuanto a la provincia de Cádiz y según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el mismo periodo se produjeron 1.537 alzamientos. “De acuerdo con el ritmo de alzamientos judiciales y a espera de conocer los datos del último trimestre, todo apunta a que 2012 habrá sido un año desalentador en el que se habrá llegado al máximo histórico de desahucios”.Vila criticó las medidas de “maquillaje” puestas en marcha por el Gobierno central, “con parches provisionales que solo esperan a la recuperación del ladrillo y que siguen considerando a la vivienda como un objeto de mercado y no como un derecho inalienable del ciudadano”. Así, lamentó que de los 334.000 alzamientos ejecutados en España desde 2008 al tercer trimestre de 2012, el Gobierno sólo haya destinado 5.891 viviendas al alquiler social bajo el programa del Fondo Social de Alquiler, “lo que supone un nimio 1%”, apuntó.
