IAM/EP El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que el coste del kilovatio hora (kWh) para el consumidor doméstico en España es de 0,166 euros, mientras que en la media de la Unión Europea asciende a 0,12 euros, y ha advertido de que sólo los hogares de Chipre y Malta pagan más por este concepto. Este escenario de precios en España, un 38% superiores a la media comunitaria, fue ofrecido por el ministro en su comparecencia ante el Congreso para defender la ley en la que se recoge un préstamo de 2.200 millones de euros para el sistema eléctrico con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En el caso de los consumidores industriales, el precio en España es de 0,108 euros por kWh, frente a 0,9 euros en la media europea, y se sitúa por encima del de Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo, Austria, Bélgica o Reino Unido, señaló. La diferencia entre España y la media de la UE es del 20%. Durante su comparecencia, Soria atribuyó estos precios más elevados al «alto precio de las actividades reguladas», cuyo coste es cerca de un 40% superior al de las principales economías de la UE. «Entre 2006 y 2012, los costes se han duplicado debido fundamentalmente al aumento de todos los conceptos de actividades reguladas», entre los que figuran «el transporte, la distribución, las primas al régimen especial, la anualidad del déficit y los sistema eléctricos extrapeninsulares», afirmó. En concreto, el coste de las primas al régimen especial, que incluyen renovables y cogeneración, aumentó un 700% entre 2005 y 2012, frente al incremento del 44% en el transporte y la distribución, y del 72% en el coste de la actividad eléctrica extrapeninsular. El aumento de costes coincidió con un «consumo de energía igual o inferior al de hace cinco años» y fue una de las causas de la creación del déficit de tarifa, entre las que también figuran los errores en las previsiones de demanda, señaló Soria. Si en 2005 se esperaba un aumento del 22% en la demanda hasta 2012, en resultado final fue un incremento del 2,6%. Otras de las causas del actual desajuste en el sistema eléctrico, además de los fallos de previsión e incremento de costes, fueron la «apuesta temprana por tecnologías inmaduras que no han permitido aprovechar la curva de aprendizaje» y la falta de traslado al consumidor final de «todos los costes de inversión», indicó el ministro de Industria. «El resultado ha sido una sobreinversión en las redes, una sobrecapacidad en la actividad de generación y una sobrecobertura de la demanda», lamentó, antes de indicar que, en el caso de la fotovoltaica, España instaló el 76% de la potencia actual entre 2008 y 2011, antes que otros países.PESO DE LAS RENOVABLES Y COGENERACIÓN. Soria consideró además que el esfuerzo en España para sufragar el coste de las primas al régimen especial equivale al 0,8% del PIB, lo que supone «el doble que en Alemania o seis veces más que el Estado más ‘verde’ de Estados Unidos, que es California». En este contexto, en el que además «el déficit de tarifa está encauzado pero no en su totalidad resuelto», el ministro defendió los impuestos y los recortes aprobados hasta la fecha y pidió al Congreso la aprobación del préstamo extraordinario de 2.200 millones con cargo a las cuentas públicas para afrontar el coste de las renovables.POSIBLES SANCIONES DE LA UE. Por su parte, el diputado del PSOE José Segura explicó que su grupo no se opondrá a la tramitación de la norma, pero pidió a la Cámara que acepte unas enmiendas «razonables», entre ellas la de que el crédito de 2.200 millones no se justifique a partir de la necesidad de financiar las renovables, sino de financiar el conjunto del sistema eléctrico. «Las nuevas directrices comunitarias de ayuda de Estado pueden hacer que la Comisión Europea sancione al Gobierno español al considerar ayuda las primas a las renovables y obligar a los perceptores de primas a su devolución» en caso de que el préstamo se destine a financiar con cargo a las cuentas públicas estas tecnologías, señaló.ENMIENDAS A LA TOTALIDAD. Dos grupos parlamentarios, el Grupo Mixto e IU-Izquierda Plural, han presentado enmiendas a la totalidad de la nueva ley. Por parte del Grupo Mixto, la diputada de ERC Teresa Jordá calificó de «ilegítima la deuda con las eléctricas» y cargó contra los «beneficios inmorales» de estas empresas. Además, lamentó que se «den 2.200 millones a las eléctricas a costa de las cuentas públicas, en un momento en el que se recorta en educación, sanidad y pensiones». «No nos vendan la moto de que lo hacen por el bien del consumidor», dijo, antes de reclamar una auditoría de costes en el sector eléctrico. Por su parte, la diputada de la Izquierda Plural Laia Ortiz consideró que la medida supone el «enésimo parche en el sistema eléctrico» y lamentó que se atribuyan «a toda la ciudadanía los costes» de la tarifa de la luz.
