INFORMACIÓNALMINUTOÁngel Luis Jiménez
Pensamientos & Reflexiones
Una reforma innecesaria
Con la aprobación el pasado viernes en el Consejo de Ministros de la innecesaria reforma de la Ley de Costas, se prolongan 70 años más las ocupaciones ilegales del espacio de dominio público marítimo terrestre en las costas algecireñas y en el resto de España.Esta medida equivale en la práctica a una amnistía.Todos los años cuando empiezo mi temporada de playa en Getares, me encuentro con nuevas ampliaciones de la construcción ilegal que lleva interrumpiendo desde hace años la terminación del paseo marítimo, ocupando un espacio que debería ser público de dominio marítimo terrestre en esa zona de la playa. Mi esperanza era que todo ese abuso e ilegalidad terminaría en el año 2018, cuando finalizaba la prórroga de 30 años que había concedido la Ley de Costas de 1988, aunque este caso de usurpación tiene otras connotaciones diferentes.Ahora con la aprobación el pasado viernes en el Consejo de Ministros de la reforma de la Ley de Costas, se prolongan 70 años más las ocupaciones ilegales del espacio de dominio público marítimo terrestre en las costas algecireñas y en el resto de España. Esta reforma equivale en la práctica a una amnistía. Estas tropelías y desmanes se justifican por el Gobierno y el ministro correspondiente por la crisis y como solución para nuestros muchos problemas. Este Gobierno no ha pensado que con esta reforma está poniendo las bases para crear otra burbuja como la inmobiliaria que tanta ruina nos ha traído al país.En esta reforma, que no hacia ninguna falta, como tantas del Gobierno de Rajoy, no se deberían haber alargado los plazos sino recortado. Los propietarios -en el caso de la playa de Getares ni siquiera lo son- ya han tenido un periodo especial de 30 años para amortizar las viviendas o negocios, por lo que los nuevos plazos de la Ley como mínimo parecen excesivos, un atropello a los derechos de todos y a la necesaria protección medioambiental del espacio marítimo terrestre español.Y para colmo, la reforma de la Ley, además da potestad al delegado del Gobierno territorial para anular un plan urbanístico si lo considera contrario a la norma. Es increíble que la salvaguarda de la ley se deje en manos de la discrecionalidad política, pudiendo ocurrir que se haga la vista gorda dependiendo del color político del ayuntamiento que incumpla la norma. Sería un autentico desastre que la reforma del PP supusiera alargar un rosario de amnistías ante hechos consumados como los del Algarrobico o los de la ocupación ilegal del paseo marítimo de Getares. Dios no lo quiera…
