El presidente de Citypeg, Francisco Ponce, expone en un comunicado que más allá de los dos señalados «hay muchísimos más problemas en la zona que deben ser atendidos», considerando que la UE «debe intervenir». Uno de estos problemas es, según dice, «la situación de los trabajadores fronterizos, en su mayoría españoles, y la escasa protección social» que tienen. En este sentido, explica que si un trabajador español enferma y tiene que operarse «la empresa le otorga sólo diez días de baja pagada; una vez agotada no percibe nada, es decir, cero ingresos con los que mantener a su familia». Sin embargo, «los trabajadores del servicio publico, la inmensa mayoría gibraltareños, reciben un año de baja pagada». Por otro lado alude al tema de las pensiones, asegurando que mientras todos los gibraltareños reciben prestaciones por «entre dos y tres pensiones, los españoles recibimos una». Y es que, según indica, se les niega el suplemento de pensión llamado ‘Community Care’ de 600 euros «sin justificación alguna», ya que «el fondo de dicho suplemento proviene de las arcas publicas a las que contribuimos todos los trabajadores en Gibraltar, sin distinción alguna, con los impuestos que pagamos todos». Por último, invita a los inspectores europeos a investigar la situación de los trabajadores marroquíes en Gibraltar, que, según asegura, viven «en pésimas condiciones infrahumanas y han estado discriminados durante 40 años».
