El Grupo Socialista lleva a Diputación el rechazo a una “imposición” legislativa que “supone sacar a concurso la gestión municipal”La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha hecho público el “pleno respaldo” a la convocatoria mañana en Madrid de una Asamblea general estatal de alcaldes organizada en rechazo de una reforma local que supone “un verdadero atentado contra la autonomía de los ayuntamientos y contra el municipalismo”. De hecho, ha recordado que el PSOE ya ha presentado una enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, y que va a proponer al resto de la oposición en el Congreso la derogación de la ley cuando el PP pierda la mayoría absoluta, dentro de una batería de medidas que incluye recurrir al Tribunal Constitucional.En este sentido, ha destacado que “el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no solo vulnera al menos 15 artículos del Estatuto de Autonomía para Andalucía, precisamente aquellos que consagran un núcleo competencial de las Corporaciones Locales; sino que desmantela el modelo institucional de la Administración Local, que pierde en buena medida su carácter de Gobierno Local y su propia autonomía”. “Estamos ante un vaciado  de contenido del poder local y de los representantes democráticamente elegidos, ante un alejamiento del diseño de las políticas y ante una más que posible privatización de los servicios municipales, hasta completar un marco general muy preocupante por lo que conlleva de pérdida de calidad democrática”, ha dicho.“La intención del Gobierno del PP es sacar a concurso, en la práctica, la gestión de todos los municipios de España. De hecho, el proyecto de ley aniquila el concepto de rentabilidad pública o social, reduciendo la prestación de servicios públicos municipales a estándares de mercado”, ha señalado. Y ha destacado que “el Gobierno quiere imponer una reforma legislativa basada en el centralismo y que incluye medidas con claro efecto antidemocrático a partir de una premisa falsa: presentar como un ahorro económico y una racionalización de recursos y organizaciones lo que en realidad es una involución, de la mano de un aumento del control del Estado en los ayuntamientos y entes de naturaleza municipal”.Irene García ha señalado que “la reforma local que ha planteado el PP nace de la imposición porque no se ha abierto a la participación del resto de las fuerzas políticas. De ahí que alcaldes de prácticamente todo el arco político del país hayan convocado la Asamblea general de mañana, en un intento de enviar al Gobierno un mensaje inequívoco de los verdaderos representantes de nuestros pueblos y ciudades, en el sentido de que cualquier modificación del marco legal en el que se mueven estas instituciones debe nacer del diálogo y de la búsqueda de consensos”. “Un partido con clara vocación municipalista como es el PSOE no puede admitir que los centros de decisión de los asuntos que tienen que ver con lo local se alejen de los ayuntamientos. Porque eso traerá consigo un evidente deterioro de la calidad democrática en nuestros pueblos y ciudades; y porque la pérdida de competencias en políticas esenciales para los vecinos y vecinas se traducirá en una evidente erosión de la calidad de vida de la ciudadanía, así como en la consideración de esos servicios como una simple ocasión de negocio, con el consiguiente peligro de su privatización”, ha añadido.La secretaria general y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación ha incidido en que “por si todo ello fuera poco, hay que tener en cuenta además que el desmantelamiento del sector público local y la privatización de los servicios municipales irán acompañados de la consiguiente pérdida  de puestos  de  trabajo  y de la  eliminación de las entidades locales (ELAs), con lo que los perjuicios sobre la calidad democrática y sobre la cercanía y la eficacia en la gestión de lo público serán prácticamente inmediatos en los pequeños núcleos de población”.Mientras, “la reducción de los ayuntamientos y de sus alcaldes y alcaldesas hasta convertirse en meros ejecutores de los dictados del Gobierno central, arrebatándoles la legitimidad que emana de los votos de los ciudadanos, es otro atropello casi al nivel de lo que supondrá para el desarrollo socioeconómico de los municipios que las decisiones sobre cuestiones capitales se tomen en centros de poder y en foros tan lejanos como desconocedores de su propia realidad”.Propuesta en Diputación en defensa de una reforma basada en el diálogoPor todo ello, la propuesta que el Grupo Socialista llevará al Pleno de la Diputación del próximo miércoles insta al Gobierno provincial y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a “adoptar cuantas acciones sean necesarias para defender la autonomía de los ayuntamientos andaluces y la propia Autonomía de Andalucía ante la agresión que representa la posible aprobación del proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”. En consecuencia, exige al Ejecutivo de Mariano Rajoy que retire el proyecto de ley y que “inicie una reforma local planteada desde el consenso y el diálogo con las Comunidades Autónomas, la Federación de Municipios  y Provincias, el conjunto de grupos políticos que conforman el Congreso de los Diputados y los principales agentes sociales y económicos”.La iniciativa socialista al Pleno de la Diputación defiende que, una vez impulsado ese marco de diálogo y participación, se aborde una reforma local bajo la premisa de “respetar en todo momento las competencias  reguladas por el Estatuto de  Autonomía para Andalucía y las leyes andaluzas sobre las Corporaciones Locales”. Solo desde esa base se podrá poner en marcha una modificación normativa que, a un tiempo “sea capaz de dar respuesta adecuada a las  principales demandas de la ciudadanía; de atender a las necesidades de  financiación  de las entidades locales; de clarificar sus competencias; de adaptar a los ayuntamientos a las nuevas necesidades de la sociedad, esencialmente en lo relacionado con participación ciudadana, transparencia y buen gobierno; y de convertirlos en potentes instrumentos de dinamización económica para la creación de empleo y de nuevas oportunidades en el territorio”.