Esto me recuerda lo que decía Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de América y uno de los Padres Fundadores de la Nación americana: “Cuando el gobierno teme al pueblo se vive en libertad, pero cuando el pueblo teme al gobierno se vive en la tiranía”. El miedo es la clave: los que sufren lo tienen, los culpables no temen nada, y eso tiene que cambiar.Los insultos y las amenazas de los poderosos para crear miedos son siempre rechazables, pero entre nuestros diputados del Congreso mucho más. Y cuando se producen de un ministro a un diputado merecen la descalificación más contundente. Fue el caso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, replicando en el Congreso de los Diputados de manera alterada y con insultos del estilo “Usted dice tonterías y es ridículo” o “Pero quien se ha creído que es Usted” a las críticas del diputado socialista Eduardo Madina sobre el controvertido anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que ha merecido desde su presentación en el Consejo de Ministros las descalificaciones más contundentes.  Las formas del ministro recordaban a las de otros tiempos, sintetizadas en el “Usted no sabe quién soy yo”. Y verdaderamente daban un poco miedo, sobre todo por el talante poco democrático, irracional y regresivo de quién tiene la obligación de velar por la seguridad de todos los españoles. Actuaba al contrario de lo que es su obligación, la cortesía parlamentaria y el respeto debido por el lugar donde se celebraba el debate, pues todos pudimos contemplar como intentaba meterle miedo al portavoz del principal partido de la oposición. No sé si era un aviso para él o para el común de los ciudadanos.Y es que la Ley de Seguridad Ciudadana, inspirada en la Ley de Vagos y Maleantes del régimen franquista, da miedo. Esta ley supone la definitiva vuelta del franquismo más descarado. Y por si no teníamos ya bastantes indicios, ahí va una muestra. Penalizará y limitará las protestas, el derecho de manifestación y cuanto moleste a los gobernantes y a la policía mandada por ellos. Las multas serán demenciales y se castigará cualquier insumisión o desacuerdo o lo que las propias fuerzas del orden consideren “amenazas, insultos, coacciones, injurias o vejaciones” contra los agentes. Es decir, éstos podrán moler a palos a los manifestantes, y ellos no podrán responder de ningún modo, ni siquiera legal.Esta ley con multas inicialmente de hasta 600.000 euros, aunque con la posibilidad de revisarlas posteriormente, echa a los ciudadanos a los pies de los caballos y blinda a los policías y a los políticos que se sirvan de ella. Sin duda, lo propio de un Estado policial, porque las denuncias de los policías tendrán presunción de veracidad y, por tanto, será el denunciado quién deberá demostrar que lo dicho por los agentes es falso. Esto es la justicia al revés, la negación de esta. La vuelta a la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, esa ley por la que se establece que no hacen falta leyes, ni normas protectoras, ni regulaciones de ningún tipo.Así que a los desprotegidos ciudadanos lo que nos hace falta ya no es esta ley policial sino la revisión de la ley electoral y unas elecciones anticipadas. Y no tenerle miedo al miedo o confundir el miedo con sus causas, que son a las que hay que temer y combatir. Pero sobre todo lo que hay que hacer es luchar para que el miedo cambie de bando.