IAM/EP La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha informado sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno para ampliar la protección del Parque Natural de Los Alcornocales, concretando en la situación de la finca La Almoraima, ubicada en el término gaditano de Castellar de la Frontera, cuya permanencia bajo el ámbito de gestión público reclama, rechazando ponerla en peligro de «deslocalización y abandono» con operaciones «especulativas», todo ello después de conocerse el interés y la visita realizada por la actriz Salma Hayek y su esposo, el multimillonario francés François-Henri Pinault. Estas consideraciones han sido vertidas en comparecencia en el Parlamento de Andalucía por Serrano, que asimismo ha indicado a los periodistas que la Junta parte siempre de la misma base, la de una Almoraima pública. «Nos importa poco quiénes sean los compradores», ha asegurado, para recordar que, por la planificación que se está gestionando, a día de hoy está cautelarmente suspendida toda modificación de usos en ese ámbito del parque; «tenemos muchas espacios para hacer inversiones», ha recalcado. En su intervención parlamentaria, Serrano ha insistido en que La Almoraima es un patrimonio «que conseguimos recuperar para lo público y que ahora quieren volver a privatizar» dejando los terrenos «en manos de inversores que ni siquiera son españoles», con posibles proyectos turísticos de alto nivel «que nada tienen que ver con la gestión sostenible». «Sabemos que esos macrocomplejos, cuando no son rentables, se deslocalizan y son abandonados», ha abundado. Frente a la postura del Gobierno central de proceder a la venta de la finca por motivos económicos, la consejera se opone a la idea de poner la misma en el mercado «como otra propiedad más», ya que «la crisis no puede ser la única guía de un gobierno responsable», enmarcando La Almoraima dentro de «esas líneas rojas que nunca se deben pisar». «Cualquier administración lucharía con todos los medios a su alcance», ha reseñado Serrano, que en su lugar ha propuesto mejorar la gestión aprovechando adecuadamente su potencial económico. Para ello, prevé contar con la participación del sector privado a través de los sistemas de colaboración público-privada que desarrolla la Junta. EL GOBIERNO DENIEGA TODO LO QUE NO SEA VENDER Y es que La Almoraima, «uno de los más bellos parajes naturales del Sur de Europa», debe seguir siendo «de todos los ciudadanos», sin que la Junta, «en absoluto», comparta los motivos económicos de la administración central para desprenderse de ésta. «Si tan preocupados están el PP y el Gobierno por el desarrollo de Andalucía, que no nos denieguen el plan extraordinario de empleo», añade la consejera, que ha criticado cómo el Ejecutivo central ha denegado cualquier otra opción que no sea la venta, pese a la oferta de «diálogo» y a la petición de cesión de usos. Serrano, asimismo, ha criticado las «declaraciones que han pretendido minusvalorar las competencias de la Junta, irresponsables e inaceptables por parte de un órgano medioambiental que ha de velar por su medio natural». «Cómo un ministro de Medio Ambiente puede decir que el desarrollo sostenible de los espacios naturales no genera empleo», ha lamentado. Según la consejera, para que en Los Alcornocales haya turismo el espacio se tiene que proteger, «evitando su deterioro y conservándolo para las generaciones futuras». Así, con la formulación aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta para ampliar en 6.000 hectáreas los límites, que alberga en su totalidad dicha finca, y mientras se tramite el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque, «no se podrán realizar de forma cautelar actuaciones que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica del mismo». En opinión de la consejera, a las razones ambientales y sus consecuencias jurídicas hay que sumar las razones «sociales» que han motivado la revisión del PORN. La fuerte demanda social para la protección ambiental de estas fincas coincide con el planteamiento efectuado por parte de la Junta Rectora del Parque y el de la Plataforma ciudadana ‘Por una Almoraima Pública’, en el que están presentes miembros de los distintos grupos políticos y más de 30 organizaciones sociales. También destaca la multiplicidad de relaciones físicas y funcionales que se establecen entre el parque natural y su entorno, que ha permitido tradicionalmente el desarrollo de diversas actividades económicas, como las selvícolas, recolectivas, ganaderas o cinegéticas. En este sentido, la consejera ha recordado que la superficie de alcornocal existente representa el 50 por ciento de la superficie dedicada a la producción de corcho de Andalucía, lo que equivale aproximadamente a la cuarta parte de la superficie nacional. La consejera ha destacado que el nuevo plan de ordenación de recursos naturales «apoyará el empleo y en ningún caso frenará el desarrollo económico de la zona». PP CRITICA EL «PULSO PERMANENTE» Por parte de los grupos políticos la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha indicado que los valores medioambientales del parque y la finca de por sí «sobrarían» para avalar la decisión del Consejo de Gobierno, pero es que además hay que tener en cuenta «los delicados equilibrios de la comarca del Campo de Gibraltar», con un importante polo industrial y el primer puerto de mercancías de todo el país. En cuanto a La Almoraima, «la gestión de la administración central en cuanto a la finca deja mucho que desear, fruto de esa incapacidad para desarrollar el potencial de la finca». La parlamentaria por el PSOE María Colón ha lamentado que el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, «quiera deshacerse de este trozo de España por 300 millones, poniendo precio a un patrimonio natural para convertirlo en un parque asociado a la caza y un complejo turístico que Dios sabe quién podrá disfrutar». Así, los socialistas se manifiestan «radicalmente en contra» de la «privatización» de La Almoraima y de una venta que «responde a intereses ocultos de Arias Cañete y del PP». En lo tocante al Grupo Popular, el diputado Víctor González ha incidido en que «muchos dudan» de este proceso de expansión de los límites del parque emprendido por la Junta, ya que «con lo que ahora tienen no controlan sus usos forestales y cinegéticos, ni tienen seguimiento ni control alguno». Asimismo, ha criticado que se incluyan zonas sin interés alguno de protección, en un «pulso permanente» con el Gobierno de la nación, «que está dispuesto a negociar, aunque su ‘manu militari’ se está haciendo notar». «A lo mejor pretende ceder los terrenos a IU para ese futurible banco de tierras», ha apostillado.