Entre las “medidas concretas” que esa estrategia debe integrar se encuentran la revisión de una “nociva política energética”, el impulso a las energías renovables, la priorización de la rehabilitación y eficiencia de los hogares, la incorporación de criterios de pobreza energética en la revisión del sistema de déficit de tarifa eléctrica, el mantenimiento y extensión del bono social a todo tipo de energía doméstica, y la articulación de medidas para mejorar la capacidad de pago de los hogares afectados por la pobreza eléctrica en épocas de frío o calor intensos.
La propuesta socialista plantea reclamar al Gobierno la puesta en marcha de “una tregua energética que permita poner freno a la desbocada subida del precio de la electricidad, tan perjudicial para la economía doméstica de millones de familias como para la competitividad de miles de empresas”. Esta actuación debe perseguir igualmente “la implantación de un sistema más justo de precios de la energía, así como el impulso de medidas que garanticen al conjunto de la ciudadanía el derecho a suministros mínimos vitales en caso de insolvencia económica”.
Irene García ha incidido en la necesidad de que el Ejecutivo de la Nación realice la transposición “íntegra y adecuada” de las Directivas 2009/73/CE y 2009/72/CE, del mercado interior de electricidad y gas, “incorporando la lucha contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española”. Al tiempo, y en lógica consecuencia, ha abogado por “contemplar una partida presupuestaria específica, suficientemente dotada, para combatir la pobreza energética en España, porque no puede consentirse que la reforma del sector eléctrico solo sirva para que las grandes compañías ganen, a costa de que los consumidores y consumidoras pierdan”.
“La energética es una nueva forma de pobreza que afecta a sociedades desarrolladas y que castiga a aquellas familias que son incapaces de pagar la energía suficiente para garantizar sus necesidades domésticas o que se ven obligadas a destinar a esa finalidad una parte excesiva de sus recursos disponibles”, ha señalado la portavoz y secretaria general.
Además, se ha referido a que “diversos estudios señalan que esa pobreza energética afecta a nada menos que el 10 por ciento de la población española, un porcentaje a todas luces inasumible y que en buena parte responde a la inexplicable decisión del Gobierno del PP de abandonar las políticas de eficiencia energética, de aumentar los costes de la energía y de favorecer una devaluación de los salarios y de las pensiones, actuaciones todas ellas que derivan en una creciente dificultad de la ciudadanía para afrontar sus gastos más básicos”.
Irene García ha llamado la atención sobre la “paradoja” de que “los españoles pagamos la luz más cara de Europa, mientras padecemos un Gobierno insensible a este nuevo y preocupante fenómeno de la pobreza energética, y que además está empeñado en endurecer los requisitos de acceso al bono social”.
Así, ha recordado cómo “el pasado verano, el Ejecutivo intentó establecer unos mínimos de renta para acogerse a ese mecanismo de protección que fue puesto en marcha por un Gobierno socialista en 2009 y del que se benefician del orden de 480.000 andaluces y andaluzas entre familias numerosas, pensionistas y desempleados”. Irene García ha destacado que esa actitud choca frontalmente con la decisión de la Junta de Andalucía de proteger a las personas más desfavorecidas, “estudiando cómo garantizar esos servicios básicos a los colectivos vulnerables, y más concretamente a aquellos hogares que perciben el salario social”.
“Los socialistas defendemos un marco de cobertura social de suministro de energía que incluya tanto la electricidad como el agua, que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo”, ha destacado Irene García, quien ha concluido defendiendo la necesidad de “abordar respuestas para aquellos casos en los cuales la pobreza deriva en situaciones de exclusión energética y de suministro de agua potable, especialmente en aquellas situaciones en las que se vean afectadas personas más vulnerables como pueden ser niños, ancianos o enfermos”.
