Este aspecto iba a ser incluido en la próxima Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, ante las dudas de que una norma de ese calibre vea finalmente la luz se ha aprovechado otro borrador legislativo, al que ha tenido acceso Europa Press, para adelantar la introducción de los límites de la acusación popular.   Los sindicatos, asociaciones o partidos hacen uso de la acusación popular para que los tribunales esclarezcan numerosos casos con graves perjuicios para las arcas públicas. Gracias a ello, han impulsado las investigaciones en torno a Bankia, Novacaixagalicia, el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa o el ‘caso de los trajes’.   Ahora, el Gobierno se plantea aprobar en el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que será llevado en breve al Consejo de Ministros, el recorte de la acción popular para establecer que «nunca» pueda ser ejercida por instituciones públicas, partidos, sindicatos, fiscales, jueces, asociaciones de ambos colectivos u organizaciones empresariales, «ni siquiera mediante personas interpuestas».   Uno de los últimos borradores, susceptible de recibir cambios hasta su aprobación en el Consejo de Ministros, defiende que la acusación pública corresponde al Ministerio Fiscal y no a «otros entes y órganos públicos actuando como si fuesen particulares». Y prohíbe pedir fianzas que impidan el ejercicio de la acción popular, que «será siempre gratuita».