Muchos concejales y alcaldes de los Ayuntamientos no saben que el 1 de enero del año próximo los municipios perderán a favor de su Comunidad Autónoma competencias, que eran propias de los Municipios, como la atención primaria de la salud, los servicios sociales y la promoción y reinserción social, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición primera y segunda de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.Esta ley como la mayoría de las aprobadas por el Gobierno del PP es regresiva, autoritaria y antisocial. Interpreta mal la “racionalización” que impone la Unión Europea, restando competencias a los municipios y garantía democrática a sus ciudadanos, y transformando el régimen local democrático que habíamos heredado de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.La ley 27/2013 quita poder a los Ayuntamientos y centraliza más el foco de poder, justificándolo en optimizar la eficacia de la gestión. Pero la gestión, cuanto más descentralizada y pegada al territorio, más positiva. Distanciar el lugar donde se toman las decisiones del lugar donde vive la gente es un error.Seguir acumulando y centralizando poder en detrimento de lo local va contra los cambios que deberían articularse como relocalizar buena parte de la economía, desarrollar mecanismos de vida económicos en los propios territorios, crear circuitos cortos de comercialización… Pero todo esto se impide si se establece una legislación que elimina competencias a nivel local para colocarlas lejos de la gente.La autonomía local está enunciada de manera clara en el artículo 140 de la CE: “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales”. Pero nuestra Constitución ha vuelto a ser ninguneada por el Gobierno mayoritario del PP.La Ley anterior a 1985 fijaba un campo de acción bastante amplio para los entes locales, distinguiendo entre los servicios que deberían prestarse obligatoriamente en función de su población y los que se pudieran asumir por delegación del Estado o la Comunidad Autónoma. Además, añadía la posibilidad de coordinarse con otras Administraciones para asumir competencias de incidencia local que no estuvieran cubiertas en el municipio. Ahora la Ley 27/2013, obsesionada con las medidas de ahorro que la UE ha impuesto al sur de Europa y con la pretendida “racionalización” institucional y la “sostenibilidad” financiera, ha puesto patas arriba este escenario, eliminando el principio de “máxima proximidad” en pro de la eficiencia y la estabilidad presupuestaria, y estableciendo mecanismos de tutela y control que colocan a los municipios en una situación de dependencia jerárquica. ¿Dónde queda ahora la autonomía municipal?El Gobierno Español culpa de la ley a Bruselas, sin embargo las directrices europeas recogidas en el Memorándum de Entendimiento Español solo nos animaba a simplificar estructuras administrativas, pero no daba pautas claras ni tampoco recogía reformas concretas. Otro Gobierno podría haber aprovechado esas directrices para establecer un reparto coordinado de competencias entre nuestras diferentes instancias políticas, poniendo en consideración los principios de subsidiaridad, cooperación y eficacia. Pero hemos hecho lo contrario o más bien este Gobierno ha hecho lo contrario, pues nos sitúa en cotas democráticas y de bienestar anteriores a las de la ley de 1985 e incluso a las de 1978. Normal en el PP. Pero ya les queda poco.
