IAM/Redacción La Consejería de Fomento y Vivienda aportará este ejercicio 2016 a los presupuestos de los nueve consorcios de transportes metropolitanos, que operan en las ocho aglomeraciones urbanas en torno a las capitales de provincia más el Campo de Gibraltar, un montante de 20,55 millones de euros, tanto por vía ordinaria (9,2 millones) como extraordinaria (11,3 millones).
Esta aportación implica que el Gobierno andaluz sufragará casi el 65% de los fondos públicos que asumen las administraciones públicas integradas en estos entes, conformados además de por la Administración autonómica, por las diputaciones provinciales y los municipios de las áreas metropolitanas, que suman 206.Desde 2012, el departamento que dirige Felipe López ha realizado una contribución de 94,1 millones a los presupuestos de los nueve consorcios de transportes metropolitanos, incrementándose considerablemente cada año. Así, en 2012 la aportación autonómica fue de 13,64 millones, tanto por vía ordinaria como extraordinaria; en 2013 el importe se situó en 21,3 millones, en 2014 en 17,76 millones, en 2015 la aportación registrada equivale a 20,8 millones y el compromiso para 2016 será de 20,55 millones. Ese incremento de fondos ha hecho que la contribución de la Junta durante ese periodo se haya elevado en 13 puntos, pasando del 52% del total de los recursos públicos aportados en 2012 a casi el 65% estimado para 2016.La normativa que ha regido hasta ahora el funcionamiento y financiación de los consorcios estipula las obligaciones de financiación que tiene cada una de las administraciones con representación en estos entes. De esa forma, los ayuntamientos deben asumir el 50% de las inyecciones públicas que se hacen anualmente a sus cuentas, la Junta de Andalucía, el 45%; y las diputaciones el 5%.
Desde 2012, los recursos autonómicos aportados han superado claramente ese 45% exigido legalmente, con unos porcentajes anuales que se han acercado al 60% de media.Detrás de este compromiso autonómico se encuentra la situación de crisis económica y de restricciones de las arcas públicas de los últimos años, que ha traído como consecuencia la congelación de las aportaciones de las entidades locales a los consorcios, lo que ha obligado a la Junta a incrementar los fondos autonómicos para dotar a estos organismos de mayor equilibrio financiero y estabilidad presupuestaria, y garantizar así la prestación de un servicio público de transporte colectivo asequible y de calidad, que constituye una alternativa eficiente al vehículo particular en los desplazamientos metropolitanos.Sin cambios en el aspecto económicoEn los años 2015 y 2016 los consorcios afrontan un proceso de transición para adaptarse al nuevo marco legal, exigido por las leyes 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y 15/2014 de Racionalización del Sector Público; que supondrán, entre otros aspectos, una modificación en la adscripción autonómica y por tanto en su naturaleza y régimen jurídico, contable, presupuestario y de personal de dichos entes. No obstante, durante este periodo, no se aplicarán cambios en el aspecto económico, de forma que las entidades locales aportarán como máximo lo mismo que en el ejercicio 2014, de acuerdo con la normativa anterior y asumiendo la Junta de Andalucía la financiación adicional que sea necesaria.
El nuevo marco legal, que obligará a la Junta de Andalucía a asumir la adscripción de los consorcios, exigirá a la Consejería a sufragar a partir de 2017 un porcentaje de financiación superior al 45% estipulado por la anterior normativa, ya que deberá afrontar en solitario el capítulo de financiación de los servicios de transporte metropolitanos, así como el de los proyectos comunes de la red de consorcios.
En cualquier caso, se trata de una exigencia legal que ya se cumple de facto con las aportaciones extraordinarias que viene realizando la Consejería de Fomento y Vivienda en los últimos años.Los consorcios prestan servicio en 206 municipios y benefician a 5,47 millones de habitantes, más del 65% del total regional. Los recursos con los que cuentan anualmente se destinan a la mejora del servicio de transporte público que prestan los operadores, a la incorporación de autobuses urbanos de las ciudades a la integración tarifaria, a la dotación y la adaptación de las paradas para alcanzar la plena accesibilidad de todas las personas, así como la mejora de los sistemas de información al usuario, entre otros aspectos.
