IAM/Redacción El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha participado en la apertura del ‘Ejercicio de simulación de llegadas masivas vía marítima, protección internacional y planes de contingencia’, organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con la presencia de Francesca Friz-Prguda, su representante en España, y el Ayuntamiento de Tarifa, representado por su alcalde, Francisco Ruiz.
El objetivo de este ejercicio, en el que también se han analizado como ejemplo los mecanismos coordinados puestos en marcha con ocasión de la llegada de 1.240 inmigrantes a las costas tarifeñas entre el 11 y el 13 de agosto de 2014, es contribuir a la mejora de la respuesta ante posibles futuras llegadas masivas por vía marítima y analizar necesidades de protección internacional dentro de las llegadas, para así derivarlas al procedimiento correspondiente.Han participado representantes de organismos que, de forma habitual, intervienen en las tareas de rescate de inmigrantes en el Estrecho y en su posterior atención, como Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Salvamento Marítimo, Autoridad Portuaria, Cruz Roja Española, magistratura, fiscalía, abogados, Ayuntamiento, ong’s, etc…
El subdelegado ha señalado que ACNUR “tiene a Tarifa en su mapa, lo que nos da garantías de que lo que hacemos, lo hacemos bien, trabajando de modo coordinado por los derechos humanos de cuantos inmigrantes irregulares llegan a nuestra tierra”, destacando Javier de Torre el hecho de la colaboración que se da entre los distintos organismos estatales e instituciones públicas con organizaciones colaboradoras, como pueda ser la propia Acnur, Cruz Roja Española o el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre otras muchas entidades de ayuda, a través de convenios de colaboración en esta materia.Representante de AcnurLa representante de ACNUR en España, Francesca Friz-Prguda, ha manifestado que el desarrollado hoy es un ejercicio de seguimiento, tras el de Algeciras de 2014, cuyo objetivo es que los representantes de todos los organismos actuantes, “expertos cada uno en su campo de actuación”, sepan identificar a posibles refugiados dentro de estos movimientos mixtos y derivarlos al procedimiento adecuado lo antes posible”.“Hay que tener en cuenta que los actuales movimientos migratorios de refugiados que se dan en el Mediterráneo, Oriente Medio o África, pueden variar su punto de destino y hay que reflexionar qué haríamos ante un supuesto de este calibre”, ha dicho Friz-Prguda.“Se trata de que todos los actuantes tengan una base de formación para que, ante una llegada masiva de 2.000 personas, estén preparados todos los aspectos de logística necesarios: espacios donde atenderles, abogados, jueces,… Es poner sobre el papel, de forma constructiva, las posibles medidas a adoptar, y trasladarlas a políticos e instituciones”, ha indicado.“Tarifa es un proyecto piloto, dada la experiencia vivida hace dos años y la reconocida solidaridad de sus habitantes, que queremos replicar en otros puntos. Cada actor, a partir de un caso práctico, tiene que ver qué papel tiene que cumplir, incorporando elementos de protección internacional y propuestas” en el ejercicio conjunto que se desarrolla hoy en la localidad gaditana.Generosidad de los tarifeños
El subdelegado del Gobierno, que ha destacado la generosidad de los tarifeños, “volcados en ayudar, especialmente en los días posteriores a las llegadas”, ha indicado que este ejercicio “sirve para poder repasar, analizar y profundizar en lo que se hizo en esos días de 2014 y en qué podemos mejorar. Es un ejemplo de colaboración de las instituciones del Estado y el Ayuntamiento de Tarifa, con su población aportando su solidaridad”.El representante del Gobierno ha dicho que Tarifa “no es ajena a los flujos migratorios que se dan en el Mediterráneo, y aunque ahora están volcados en otras zonas, en cualquier momento este fenómeno puede darse en otro punto, de ahí la atención que se mantiene sobre el Estrecho”.De Torre ha subrayado la importante labor que realizan los más de 100 trabajadores de Salvamento Marítimo en la provincia de Cádiz (casi 300 en Andalucía), al igual que la Guardia Civil, la Cruz Roja y, posteriormente, el Cuerpo Nacional de Policía, que aplica la normativa vigente en Extranjería.El subdelegado ha manifestado que ACNUR “corrobora que el cumplimiento de las normas se conjuga con el espíritu humanitario de atención que guía las actuaciones de quienes trabajan con inmigrantes”.Si analizamos las cifras de inmigrantes llegados a nuestra provincia, 1.800 el año anterior y 1.300 en lo que va de año, podemos comprobar que el número de solicitantes de asilo o refugio no llega al 2% de los llegados y, de ésos, solo se reconoce el 1% de los casos.Las peticiones de asilo en Cádiz son relativamente pocas al año. En 2014 fueron 98, de las que 9 fueron admitidas; en 2015 fueron 52, de las que se admitieron 15 y en lo que llevamos de 2016 han sido 67, de las que se han admitido 12.
“Hay pocas peticiones y pocas acreditaciones de las situaciones que dan lugar a esa figura, pero hay que estar alerta para poder detectar esas situaciones, algo a los que nos ayuda ACNUR”, ha declarado el subdelegado. “Aunque los datos revelan que la inmigración es de tipo económico, de subsistencia –sostiene Javier de Torre-, hay que agradecer a ACNUR la información que nos proporciona para conocer prematuramente las situaciones de persecución que dan lugar a derechos de asilo y refugio”.De Torre ha calificado a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de “instrumento fundamental en la política migratoria de la Comunidad Europea, que garantizan los derechos y libertades, ya que persigue no pasar directamente al ciudadano extranjero de la calle a la frontera, sino tener un medio paulatino de incorporación, vigilado judicialmente, que garantice la seguridad jurídica de los ingresados en el CIE”.El subdelegado ha aportado el dato de que la utilización de las medidas de internamiento por parte de los jueces ha disminuido a la mitad del año 2011 al año 2016, “como consecuencia de los mejores acuerdos de colaboración con otros países”.
También ha recordado el reciente anuncio (a primeros de julio de este año) de un Protocolo entre el Ayuntamiento de Algeciras y el Ministerio del Interior por el que la ciudad cederá una parcela de 10.000 metros cuadrados junto al centro penitenciario de Botafuegos para la construcción de un nuevo CIE cuando lo permitan las posibilidades presupuestarias. Dicho Protocolo fue remitido por Interior el 30 de junio y pasó por la Comisión Informativa de Hacienda y Personal del Ayuntamiento el día 4 de julio, fecha en la que fue comunicado a la Junta de Portavoces. El día 11 de julio se informó del mismo en el Pleno ordinario del Consistorio algecireño.“Un CIE nuevo que permitirá cuando esté operativo poner la Isla de las Palomas a disposición de los tarifeños”, afirma Javier de Torre.Para el subdelegado del Gobierno, “ACNUR ha demostrado su sensibilidad tras la Jornada desarrollada hace dos años en Algeciras y la celebrada hoy, y el reconocimiento que esta organización hizo al pueblo de Tarifa por la solidaridad demostrada en esos días de agosto de 2014, apoyo que sigue demostrando en el día a día”.Asimismo ha destacado la labor de las ong’s que colaboran en esta materia.
El Gobierno de España, consciente del importante papel que desarrollan, ha destinado a entidades que trabajan en Cádiz más de 1’1 millón de euros a través del IRPF desde 2011 para programas de cooperación y voluntariado social dirigido a inmigrantes y solicitantes de asilo en la provincia, además de otros programas genéricos con los que también se ha podido colaborar. Gracias a estos programas jóvenes inmigrantes no acompañados, menores y adolescentes han contado con colaboración y recursos para su acogida, integración social, emancipación y autonomía, por ejemplo.
Organismos como Cruz Roja y CEAR (Comité Español de Ayuda a Refugiados), acompañan y asesoran a refugiados en nuestra provincia. CEAR, que actualmente atiende a 36 refugiados en Jerez a través de su convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, acogió temporalmente en sus instalaciones de Arcos de la Frontera en 2015 a unos 1.500 refugiados sirios, que prosiguieron viaje a otros destinos europeos.
