Como se recordará la diputada andaluza de IU Inmaculada Nieto, adoptó el compromiso con los trabajadores del centro de llevar el asunto al Parlamento, en el transcurso de una concentración convocada por los sindicatos CCOO y UGT a las puertas del Centro cuando tuvieron lugar los dos primeros despidos: “Los dos despidos de trabajadores –una educadora y un jurista- ambos con más de diez años de experiencia, han sido completamente injustificados, alegando la empresa razones económicas que la Junta de Andalucía debe comprobar, dado que el pliego de condiciones marca el número de profesionales que debe prestar a tención a los menores, y en la actualidad esos requisitos sólo se cumplen formalmente, pero no de forma efectiva”.Desde que se produjeran estos despidos la empresa se ha desprendido de un trabajador más del mismo centro, en este caso un educador con doce años de experiencia: “La situación es insostenible, y la presión sobre los representantes sindicales de CCOO y UGT sigue creciendo, negándoles información y documentación básica para poder cumplir con sus legítimas obligaciones como delegados ante sus compañeros y compañeras”.
Izquierda Unida pedirá al consejero que explique qué mecanismos utiliza la Consejería para fiscalizar el cumplimiento del pliego de condiciones por parte de la adjudicataria, que también cuenta con otro centro en Almería y dos pisos tutelados en Huelva y en Sevilla, lo que la convierte en la gestora de la atención de menores infractores en Andalucía: “Los problemas que se están produciendo en Marchenilla son un calco a los que viven el resto de trabajadores y trabajadoras de Ginso en la comunidad autónoma. Nos parece preocupante que la Junta de Andalucía mire hacia otro lado cuando tiene en manos de esta empresa la tutela de menores, un servicio esencial que requiere de un plus de garantías y de respaldo a sus trabajadores que hasta ahora brilla por su ausencia”.Nieto ha anunciado que su formación seguirá recabando información y exigiendo a la Consejería que tome cartas en el asunto: “No se puede consentir que con dinero público se financien el despotismo, la persecución sindical o los despidos arbitrarios, así que insistiremos hasta que la Consejería de una respuesta a la altura de los problemas que se están dando”.
