¿Quién protege a los vecinos y al comercio de Tarifa? Por María Caballero

Las obras en el antiguo local de la academia Isamar, en la calle Castillejos, reabren el debate sobre el control urbanístico, la transformación de locales comerciales en viviendas y la política de los hechos consumados. Otro local comercial que termina en vivienda, esto es grave, el comercio local es vida para el barrio, futuro para los vecinos.

En Tarifa empieza a instalarse una pregunta incómoda: ¿para qué sirven las normas si las actuaciones cuestionadas siguen adelante mientras los vecinos esperan respuestas?

En el antiguo local de la academia Isamar, en la calle Castillejos, se están realizando trabajos para acondicionar el espacio como vivienda. La comunidad de propietarios se opone a esta transformación y, ante las dudas sobre los permisos, avisó a la Policía Local. Según la información trasladada a los vecinos, la intervención constató la falta de los permisos de obra correspondientes.

La cuestión ya no es únicamente qué va a ocurrir con este local. Es si en Tarifa se controla el cumplimiento de la normativa urbanística o si se está imponiendo la política de los hechos consumados: primero se actúa y después, si alguien protesta, se verá qué sucede.

¿Existe una «no ley» en Tarifa cuando las advertencias vecinales no obtienen respuestas claras?

El Ayuntamiento debe aclarar si las obras cuentan con las autorizaciones exigibles, si el cambio de uso es legal y qué medidas se han adoptado. Sin prejuzgar responsabilidades ni dar por acreditada una infracción, los vecinos tienen derecho a una respuesta.

Tarifa no puede permitirse que sus locales comerciales desaparezcan sin control, que las comunidades de propietarios sientan que nadie las escucha o que denunciar una posible irregularidad se convierta en un ejercicio de impotencia.

La ley no puede depender de quién actúa, sino de lo que establece la norma. Y la autoridad municipal debe demostrarlo con hechos, no con silencio.

Porque cuando los vecinos alertan, las obras continúan y nadie explica qué está pasando, la pregunta es inevitable:

¿Quién protege a los vecinos y al comercio de Tarifa?

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