IAM/Redacción Podemos ha denunciado, a través de una rueda de prensa, la situación que sufren los vigilantes de seguridad privada que trabajan para el Ministerio de Defensa mediante una subcontrata. (Foto reunión Podemos).
Los trabajadores pertenecen a la empresa Marsegur, que ha sido condenada por la Audiencia Nacional debido a la vulneración de los derechos laborales: “En la provincia de Cádiz afecta a medio centenar de empleados”, ha señalado Juan Antonio Delgado, diputado nacional, quien considera que “esta es una muestra más del empleo que dice el Partido Popular que se está creando y que es un empleo precario, basura y en régimen de semiesclavitud”. Delgado ha recordado también el compromiso que adquirió ayer el alcalde de Cádiz, José María González, con estos trabajadores tras una reunión celebrada en el Ayuntamiento.Por su parte, María de los Ángeles Peña, portavoz de CCOO, ha lamentado la imposición de condiciones precarias a los vigilantes por parte de Marsegur: “En centros militares como Torregorda (San Fernando), el servicio lo tenía el mismo empresario con una empresa de distinto nombre (Seguridad Integral Canarias). Además de deber varias nóminas a los trabajadores, ha aplicado un convenio que vulnera los derechos laborales y en la que aplica un pliego de condiciones a la baja”. La plantilla ha visto reducido su sueldo en más de 400 euros, por lo que su salario gira entre los 600 y 700 euros mensuales: “En estas condiciones, una familia no puede subsistir”. Peña ha señalado que Marsegur ignora tanto los requirimientos de la Inspección de Trabajo como las sentencias en contra de la Audiencia Nacional: “Solicitamos que el Ministerio de Defensa le quite los servicios, de una vez, a esta empresa”.La diputada de Unidos Podemos por Las Palmas y portavoz adjunta en la Comisión de Defensa en el Congreso, Carmen Valido, ha recalcado que esta problemática no afecta sólo a los trabajadores de la provincia de Cádiz, sino a los de todo el país. Por ello, ha insistido en la necesidad de rescindir “de una vez por todas” el contrato con la empresa Marsegur, propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez: “Es insólito que la Administración siga contando con un empresario que tiene múltiples causas en lo Social por incumplimiento de contratos, de pagos y de las condiciones de trabajo”.Valido no entiende como trabajadores en precario se encargan de la vigilancia de edificios “sensibles” con nivel 4 de amenaza terrorista: “La situación es tremenda”. Por ello, ha anunciado una serie de iniciativas, la cuales comenzarán con la comparecencia en el Congreso de los vigilantes afectados para que cuenten su problemática al resto de grupos parlamentarios. “Estamos ante un drama familiar y el Ministerio es cómplice de este tipo de política”.
