Se está tramitando una macrourbanización en la playa de Los Lances (Tarifa), uno de los parajes naturales más valiosos y afamados del Andalucía. Con el Proyecto de Urbanización del Sector SUO L1 SL3
Esta urbanización con la complicidad de la Junta de Andalucía, se está desarrollando en base a un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que data de 1990, y que es fiel reflejo del modelo especulativo y expansivo que ha provocado enormes impactos ambientales y territoriales, y que nos llevó a la peor crisis económica de la democracia. Este PGOU incluye cinco grandes urbanizaciones en el litoral de Valdevaqueros y Los Lances, con una superficie total de 3.575.355 m2. El primer proyecto que se intentó desarrollar fue el de Valdevaqueros, que provocó una gran contestación ciudadana y fue definitivamente anulado por el TSJA a demanda de Ecologistas en Acción. Este nuevo proyecto se basa en un plan parcial aprobado en 2004, sin haberse sometió a ningún procedimiento de prevención ambiental. Tenía un plazo de ejecución de 6 años, que evidentemente ha prescrito.
Esta inmensa urbanización estaría en el mismo límite de importantes espacios naturales: el Paraje Natural de la Playa de los Lances, integrado en el Parque Natural del Estrecho, y figuras de protección a nivel europeo -Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC)- y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo declarada por la Unesco. Estos terrenos, protegidos a nivel autonómico, nacional e internacional, sufrirán un enorme impacto con esta nueva urbanización y el consiguiente incremento de usuarios en la playa de Los Lances.
En el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía se incluyó la totalidad de éste ámbito como Zona de Protección Territorial I. El Plan reconocía que «El sector constituye una bolsa de suelo desvinculada de la estructura urbanística del planeamiento vigente, y su desarrollo urbanístico incidiría en procesos de ocupación del frente litoral alterando el sistema de asentamientos en un entorno protegido por la normativa ambiental y el planeamiento territorial vigente». De la total protección y prohibición de su urbanización, se ha pasado a pretender construir una macrourbanización tras la anulación del Plan del Litoral.
De especial gravedad es que un 30% de estos terrenos pertenecían al Monte Público la Peña, del ayuntamiento de Tarifa, que ahora no aparece entre los propietarios en la Junta de Compensación promotora de esta urbanización. El ayuntamiento debe explicar públicamente cómo se han privatizado 184.937 m2 de montes públicos.
Este proyecto incumple del Decreto-Ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, que prohíbe aprobar, tramitar, o ejecutar planes urbanísticos que sumados a los ámbitos pendientes de desarrollo, superan los parámetros del artículo 45 del POTA. Y el actual PGOU prevé crecimientos urbanísticos de 7.775.352 m2, lo que supondría un incremento sobre el suelo urbano actual del 177%. Una desmesura que se intenta mantener.
A los impactos sobre los espacios naturales y el paisaje hay que sumar la demanda de agua en un municipio con problemas de abastecimiento. La nueva urbanización tendría un consumo de 626.877 m3, cuando el consumo actual de Tarifa es de un millón de m3. De hecho, el proyecto carece del informe preceptivo y vinculante del Organismo de Cuenca sobre disponibilidad de recursos hídricos. Agravando aún más la falta de recursos hídricos cuando actualmente este municipio tiene graves problemas de abastecimiento, sobre todo en la urbanización de Atlanterra.
El desarrollo urbanístico y turístico de Tarifa debe basarse en la potenciación de la ciudad compacta mediterránea, no creando núcleos urbanos de grandes dimensiones desgajados de la ciudad histórica, creando competencia con la misma y que generará problemas de gestión de servicios públicos con un coste inasumible para la población local.
El Ayuntamiento de Tarifa debe proceder a la revisión del PGOU, adaptándolo a la nueva normativa territorial y ambiental, a los cambios legislativos en la prevención ambiental, y a las nuevas tendencias demográficas. Además, debe cumplir el acuerdo de la Junta Rector del Parque Natural del Estrecho, que contó con el apoyo del alcalde, que instó al ayuntamiento a desclasificar las 5 grandes macrourbanizaciones que prevé el PGOU en el litoral de Valdevaqueros y Los Lances.
Agaden-Ecologistas en Acción ha presentado un total 47 sugerencias para que se tengan en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental. Además, hemos advertido a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que nos reservamos el derecho a recurrir este proyecto ante los Tribunales, tal y como hicimos exitosamente con el Plan Parcial de Valdevaqueros, caso de persistir en aprobarse este proyecto urbanístico que vulnera normativas urbanísticas y medioambientales y promueve una urbanización desmesurada e injustificada sin someterse al preceptivo procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.
