La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha pactado esta medida con los consejeros autonómicos en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles, donde también se ha discutido cómo cerrar el curso y examinar a los más de ocho millones de estudiantes no universitarios confinados en sus hogares desde hace un mes.

Según ha informado el Ministerio, Celaá y los consejeros de educación han decidido no prolongar el curso más allá de junio, como estaba previsto, aunque se permitirá que las comunidades autónomas organicen o apoyen la realización de actividades de refuerzo en el periodo estival «en formas diversas y combinadas con actividades lúdicas». Estas actividades pueden estar promovidas incluso por ONG o asociaciones «contando con el concurso del voluntariado y en contacto con los centros educativos y sus docentes».

La propuesta de abrir los colegios en verano para ofrecer clases de apoyo es una petición de organizaciones como Save The Children y la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos CEAPA para que los estudiantes «en situación desfavorecida o con desfase educativo» puedan recuperar materia, pero también para ayudar a la conciliación de las familias «en momentos económicos que se prevén muy duros» cuando finalice el Estado de Alarma.

La mayoría de los sindicatos docentes se habían opuesto en las últimas semanas a la posibilidad de que el curso se prolongase durante verano para dar descanso tanto a profesores como estudiantes y familias. Los sindicatos defienden que la suspensión de las clases presenciales no ha supuesto la interrupción del curso, y los docentes han seguido teletrabajando desde que cerraron los centros escolares.

REPETIR SERÁ UNA EXCEPCIÓN

El comienzo de la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación se ha demorado hasta el mediodía porque la ministra Celaá debía asistir antes al Pleno del Congreso de los Diputados para responder a una pregunta del Partido Popular sobre la previsión del Ministerio para reanudar las clases presenciales.

En su respuesta a la diputada del PP Sandra Moneo, Celaá adelantaba su propuesta para reducir al mínimo las repeticiones este curso, «siendo la promoción la regla general y la repetición, la excepción», ha asegurado en el hemiciclo. Un criterio que las comunidades han aceptado.

Sin embargo, algunos gobiernos autonómicos precisan que no se trata de conceder el aprobado general a todos los escolares. La consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha asegurado que ni siquiera se ha planteado esa opción durante la reunión telemática de la Conferencia Sectorial.

En rueda de prensa, la consejera castellanoleonesa ha detallado que las comunidades y el Ministerio de Educación han acordado que los profesores evalúen a sus alumnos en función de los resultados de los dos primeros trimestres del curso, los que se desarrollaron en las aulas antes del Estado de Alarma y que suponen el 65 por ciento de los contenidos anuales.

De este modo, el Gobierno y las comunidades asumen la sugerencia del Consejo Escolar del Estado de convertir la repetición en algo muy excepcional este curso. La semana pasada, el máximo órgano consultivo en educación aprobó un documento con recomendaciones para adaptar el final del curso escolar al confinamiento, y descartó eliminar por completo las repeticiones como había propuesto la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes CANAE.

La petición de eliminar o reducir las repeticiones este curso, promovida inicialmente por organizaciones de estudiantes, ha sumado apoyos en las últimas semanas. La ONG Save The Children remitió ayer una carta a la ministra Celaá donde reclamaba un acuerdo con las comunidades autónomas para que la repetición sea este año algo «casi residual, como ya lo es en la mayoría de países europeos».

Save The Children exponía en la misiva que «una parte del alumnado no está siguiendo el ritmo» de la enseñanza a distancia tras la suspensión de las clases presenciales, «y corre el riesgo de desvincularse de la escuela». La ONG alertaba del coste económico y social que puede provocar esta situación en «el país con la mayor tasa de abandono escolar temprano de Europa».

La carta de Save The Children cuenta con el respaldo de profesores universitarios, expertos en educación y organizaciones como la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos CEAPA, que defiende no evaluar las tareas escolares realizadas durante el confinamiento.