Equo Verdes acude al Parlamento Europeo para pedir el derribo del restaurante Bibo

EQUO Tarifa Verdes entiende que la reciente publicación en el BOJA relacionado a la declaración BIC de Mellaria en Valdevaqueros supone un comienzo de restauración de la legalidad relacionada con dicha petición, ya que, no tendría sentido  la administración se percate como indica dicho BOJA, que el artículo 46 de la Constitución española del 78 y el Estatuto de la Autonomía para Andalucía se ejerzan los poderes con el objetivo básico del afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico.

Manifiesta que los grupos ecologistas y personas a título particular vienen exigiendo sin éxito desde el 2017 a todos los estamentos, incluyendo los judiciales,  la aplicación de las directivas europeas en ésta zona.

Ante la sistemática injusta negativa , Equo Verdes Tarifa ha tomado la iniciativa de dirigirse al Parlamento Europeo. «Estamos indignados ante la omisión de los derechos especificados en la Carta de los Derechos de la UE, entre los cuales se encuentra articulado el derecho a la buena administración y la prohibición del abuso del derecho que sistemáticamente es pisoteado por las propias autoridades omitiendo el principio de precaución y de protección, para una vez omitidos esos derechos, se conviertan inevitablemente en lo que denominan ecocidio»

Rosmarie Hennecke, portavoz de Equo Verdes Tarifa, afirma que «el Ayuntamiento ha omitido todas las alegaciones y los recursos de reposición con silencio administrativo hacia  todos los intervinientes,  siendo el último recurso del que estén informados, el de la asociación ‘Somos Tarifa’ hacia la licencia municipal de obras provisionales en junio del 2019, cuando el local ya se encontraba abierto desde marzo del 2018»

El grupo espera los siguientes pasos por parte del Parlamento Europeo, con el cual se ha vuelto a contactar. Indica que han solicitado que se actúe de oficio por parte de las administraciones el derribo de las infraestructuras sin tener que volver a pasar por los juzgados.

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