El pasado 7 de abril nos hicimos eco junto a decenas de medios, de una información publicada por Greenpeace en la que Tarifa aparecía señalada dentro del mapa de municipios españoles afectados por contaminación por nitratos en el agua de consumo. Esa es la magnitud del tema que rescatamos hoy. Foto archivo

Desde entonces, esta redacción ha recibido decenas de mensajes, correos y llamadas de vecinos preocupados. Y es lógico. Estamos hablando del agua que beben nuestros hijos, nuestros mayores y nosotros mismos cada día. Ante la inquietud generada (que no cesa) , acudimos personalmente a las instalaciones de Aqualia. Allí fuimos atendidos por trabajadores cuya profesionalidad y amabilidad merecen ser reconocidas. Ellos nos trasladaron un mensaje tranquilizador: «La información de Greenpeace no es correcta».

Pero una afirmación así, por importante que sea, necesita algo más que una conversación de pasillo. Necesita datos. Necesita informes. Necesita transparencia.

Por ese motivo solicitamos una reunión con la dirección de la empresa y durante ese encuentro pedimos algo tan sencillo como razonable: que Aqualia hiciera públicos los análisis y datos que, según afirmaban, desmontaban la información difundida por Greenpeace. La respuesta fue clara: «Sí, sí, estamos trabajando en una nota de prensa». Aquello ocurrió el pasado 13 de mayo.

Y llegados a este punto, sólo caben dos posibilidades.

O Greenpeace tiene razón y en Tarifa se está consumiendo agua contaminada por nitratos.

O Greenpeace se equivoca y Aqualia dispone de información suficiente para demostrarlo.

Si la segunda opción es la correcta, que la empresa no haya considerado IMPRESCINDIBLE desmentir públicamente una acusación tan grave, demuestra un nivel de indiferencia o desprecio (sólo es nomenclatura en este caso) con las familias de Tarifa difícil de justificar. El daño reputacional para el destino es del nivel de escuchar en corrillos «el agua de Tarifa está contaminada». Porque cuando no se zanja un tema con verdad y transparencia, el boca a boca versiona la realidad…

Lo que está en juego no es una polémica política ni una discusión empresarial. Lo que está en juego es la confianza de una población que no sabe si puede beber agua del grifo con total tranquilidad.

Igualmente preocupante resulta la actitud del Ayuntamiento de Tarifa. Nuestro supuesto garante municipal, escogido democráticamente para defender los intereses de los vecinos, y que no ha pronunciado una sola palabra sobre este asunto. Ni una reclamación pública de información. Ni una comparecencia. Ni una petición de explicaciones. La dejación de funciones del Ayuntamiento sobrepasa ya el absurdo para asentarse directamente en el bochorno. Cuando existe una preocupación social evidente, cuando los medios publican y reciben mensajes constantes de ciudadanos inquietos y cuando una organización de la relevancia de Greenpeace señala un posible problema, la obligación de cualquier administración responsable es exigir información y trasladarla a la ciudadanía. Por cierto, la oposición aquí también guarda silencio cómplice.

Aqualia y el Ayuntamiento actúan como si la calidad del agua que consumen miles de personas no fuera una cuestión de interés público, como si la preocupación creciente de la población no mereciera ni siquiera una respuesta institucional. La función de un ayuntamiento no es proteger a las empresas concesionarias, es proteger a los ciudadanos, también con información.

Lo que más preocupa ya no es únicamente la información inicial publicada por Greenpeace, sino la actitud posterior sobre un tema tan trascendente que nos arroja mil dudas, es decir, desconfianza.

Tarifa merece respeto. y que se sea transparente como el agua, sobre el agua que bebe.