Empresarios españoles han denunciado que en los últimos años han perdido inversiones por valor de 100 millones de euros debido a «extorsiones» por parte de individuos e instituciones oficiales en Marruecos y han denunciado que el Gobierno español y la Casa Real, pese a estar al tanto de su situación, «no han hecho nada».

Según ha relatado el empresario Francisco de Arratia, presidente de la Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos, el país vecino se ha convertido en una «ratonera» para los españoles que se deciden a invertir en él, puesto que aunque desde el Gobierno se les anima a hacerlo, una vez allí son víctimas del «abandono».

La «gran mayoría» de los empresarios que han tratado de hacer negocio en Marruecos han tenido una mala experiencia, frente a la «pequeña minoría» a la que les va bien, según Arratia. En este sentido, ha explicado que las empresas a las que agrupa su asociación han perdido inversiones por valor de 100 millones de euros.

   En concreto, ha relatado el caso de Crotalón que ha perdido los avales que entregó para poder realizar unas obras que finalmente realizará una empresa marroquí, Socotraco; el de la constructora Torreblanca, que vieron como las viviendas públicas que estaban construyendo en Tánger les eran arrebatadas, al igual que el material, «cuando faltaba el 20 por ciento de la obra», por la empresa marroquí Addoha, «sin orden judicial.

En esta ocasión, según Arratia, el personal de la empresa española fue «golpeado», con algunos casos de traumatismos craneoencefálicos. Pese a que la situación se denunció ante la justicia marroquí, los tribunales aún no se han pronunciado y Torreblanca no ha podido recuperar su material, con las pérdidas consiguientes.

Asimismo, el empresario ha contado el caso de Occibelia, que vio como tres años después de concluir la construcción de un complejo turístico de lujo en Tánger, las autoridades provinciales ordenaron demoler dos de los edificios y pese a la negativa de los inversores, la ‘wilaya’ siguió adelante «sin negociar».

   Estos casos, según Arratia, han sido puestos en conocimiento, en primer lugar de la Embajada española en Rabat, que «no se está ocupando de nada» y tiene en un «abandono completo» a los empresarios españoles, pero también al Ministerio de Exteriores, al Ministerio de Economía y la Secretaría de Estado de Comercio, así como a la Casa Real.

Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press han asegurado que Arratia ha sido recibido siempre que lo ha solicitado y se «han hecho gestiones» para ayudar a los empresarios afectados. En este sentido, han añadido que tanto la Embajada como la Oficina Comercial mantienen su «plena disposición» a seguir recibiéndoles y escuchándoles.

 En el caso concreto de Occibelia, el presidente de la asociación de afectados ha indicado que se informó a la Casa Real, que «tomó nota y dijo que lo trasladaría al Ministerio de Exteriores, pero ha pasado un año y medio y no nos han respondido nada».

Desde Exteriores, lamenta, se les está dando largas y todavía no han conseguido que la ministra, Trinidad Jiménez, que precisamente viaja mañana a Rabat y el miércoles tiene previsto reunirse con empresarios españoles, «nos dé una cita».

Según Arratia, los empresarios que agrupa su asociación han tenido que «volver a casa extorsionados y amenazados, en algunos casos de muerte». Por todo ello, y ante la falta de respuesta del Gobierno español, tienen previsto llevar a cabo próximamente manifestaciones.

La primera de ellas tendrá lugar el próximo 6 de noviembre, coincidiendo con el aniversario de la Marcha Verde, frente a la Embajada de Marruecos, y posteriormente el 25 de noviembre, coincidiendo con la celebración de las elecciones generales marroquíes de nuevo ante la legación diplomática y ante el Ministerio de Exteriores español.