El XXIX Congreso de Periodistas del Estrecho, que en esta ocasión ha girado en torno a “Las fuentes de Información”, llegó a su fin en la mañana de este domingo, 23 de octubre, con la puesta en común y lectura interna de las conclusiones elaboradas por las dos delegaciones participantes, la de la APCG y la de la Asociación de Periodistas del Norte de Marruecos, y el posterior regreso de los congresistas a sus ciudades de origen.
En primer lugar, en la clausura del Congreso se recordó que “el derecho a informar y a ser informado es un principio incuestionable de todo Estado de Derecho y de cualquier sistema democrático, y su ejercicio corresponde profesionalmente a los periodistas, como transmisores de la noticia, y a los ciudadanos como receptores”. Por ello, los congresistas consideraron “imprescindible” que “los poderes del Estado garanticen el libre acceso a la información mediante leyes sin restricciones de ningún tipo, en todos aquellos países en los que todavía no existen, entre los que se encuentran España y Marruecos, propiciando la total transparencia de la gestión encomendada a los representantes políticos”. En este sentido, los participantes en el Congreso concluyeron que “eludir la promulgación de una ley de libre acceso a la información de los ciudadanos es una forma encubierta de censura, cuya finalidad no es más que ocultar y encubrir la verdad o una parte de ella a la población”.
Por lo que respecta a las fuentes, en el Congreso se recordó que “el ejercicio del periodismo implica la obligación de contrastar la información, al menos por dos fuentes distintas, con el fin de garantizar la veracidad de los hechos”. En consecuencia, “dada la condición de información interesada que caracteriza a las noticias difundidas por los gabinetes de prensa, los periodistas deben someterlas al obligado contraste con otras fuentes, debiendo además dejar constancia en la redacción de sus textos de las expresiones, adjetivos y opiniones subjetivas, que sean propias de los gabinetes de comunicación”.
Con respecto a este tipo de fuentes, la APCG señaló que “los profesionales de los gabinetes de comunicación de entidades públicas y privadas deben observar todos aquellos principios y códigos deontológicos que garantizan el ejercicio de una labor basada en la transparencia, la veracidad y el interés general; y diferenciar ésta de la simple sumisión a los intereses de tipo político, económico o individual de la empresa, entidad u organismo en los que se integran”. Eso sí, los profesionales desplazados a Ronda advirtieron también en el referido documento que “los gabinetes de comunicación son un elemento más en la cadena informativa.”, por lo que “se trata de una labor que deben ejercer exclusivamente los periodistas”. E insistieron también en que “sólo así, aplicando los criterios profesionales, los gabinetes de comunicación podrán cumplir normalmente la función para la que han sido creados, y, aún entendiendo su condición de parte interesada, no ser en ningún caso órganos de propaganda”.
En el caso concreto de los problemas planteados por los compañeros marroquíes, los congresistas campogibraltareños consideraron necesario instar al gobierno de Marruecos a que ponga las bases y estructuras necesarias para que estos periodistas puedan acceder con garantías de veracidad a toda la información que emane de los poderes públicos. “Para ello, el gobierno marroquí deberá impulsar la creación de gabinetes de prensa y portavoces oficiales, que tengan la obligación de facilitar la información a los profesionales del periodismo, sirviendo de cauce y atendiendo sus peticiones”, apuntó la APCG en el documento de conclusiones.
En relación a las redes sociales, que también fueron objeto de debate durante el Congreso, las delegaciones campogibraltareña y marroquí coincidieron en señalar que “estas redes son una herramienta útil para el ejercicio de la profesión, pero hay que instar a los periodistas a verificar y contrastar todas aquellas informaciones que tengan su origen en Internet. Los profesionales de los medios de comunicación social pueden y deben difundir sus noticias por la red, pero con idéntico rigor y ética que los medios tradicionales”.
Por otra parte, la delegación de la APCG quiso aprovechar el altavoz que ha supuesto este XXIX Congreso de Periodistas del Estrecho para denunciar, una vez más, los despidos y la precariedad laboral que, actualmente, azotan a los medios de comunicación en España. “El derecho a la información no está garantizado si los profesionales que velan por él carecen de condiciones dignas de trabajo y tienen que someterse al poder político y/o económico”, advirtieron.
El XXIX Congreso de Periodistas del Estrecho, que por parte española cuenta con la colaboración de patrocinadores como Casa Árabe, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Ronda, la Diputación de Cádiz, CEPSA, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Endesa, Red Eléctrica de España, Acerinox, Vopak y Hospiten, ha reunido en esta ocasión a ponentes como Modesto Barragán, director de Andalucía Directo, de Canal Sur TV, Francisco Perujo, director de comunicación de la Universidad de Cádiz y ex director de la Oficina de la Portavoz de la Junta de Andalucía, Susana Pérez Custodio, periodista y concejal de comunicación del Ayuntamiento de Algeciras, y Jesús Ollero, responsable de contenidos de los portales digitales del Grupo Joly, entre otros.
