El Alcalde de Tarifa ha anunciado hoy que el gobierno ha iniciado una investigación sobre la posible incompatibilidad de Carlos Núñez como concejal en la oposición y deudor tras la resolución de un expediente sancionador por delito urbanístico.
Juan Andrés Gil ha proporcionado hoy datos concretos sobre este asunto. Se remite al año 95 cuando se tiene constancia de la denuncia al actual concejal de ULT en la oposición. “Lo que se denuncia es una obra de 120 metros cuadrados en la azotea de su vivienda familiar”. Finalmente, en septiembre del pasado año 2010 se resuelve el expediente sancionador por el considerado delito urbanístico y apuntando la consecuente deuda de 98 mil euros que aún no ha abonado el edil Carlos Núñez. Es más, el Alcalde manifiesta que se han intentado buscar soluciones técnicas a esta obra para dar legalidad a la misma sin éxito alguno. Sobre todo porque es una actuación urbanística incompatible con el PEPRI.
El gobierno se remite así a la legalidad para asegurar que existen motivos para iniciar la referida investigación y “quizá en unos meses podamos anunciar que Carlos Núñez tendrá que dejar su cargo como concejal de la Corporación Municipal”. “Carlos Núñez conoce perfectamente que un edil no puede ser deudor de las arcas municipales”.
Todos estos datos son interpretados por Juan Andrés Gil quien llega a cuestionarse el por qué Carlos Núñez ha entrado en política.
Pero existen otros datos proporcionados hoy por el primer edil en relación con el mismo partido político de la oposición. En esta ocasión están referido a la concejala María González Gallardo (ULT) sobre la que señala que “ocupa ilegalmente una vivienda para profesores de Primaria en Facinas, sin ningún tipo de contrato de alquiler y contando en Tarifa con viviendas de su propiedad”.
Dice el Alcalde que ha intentado no airear este tipo de asuntos que podrían haber sido resueltos por los propios ediles responsables pero, sin embargo “me he visto siendo el objetivo de acoso de una campaña mediática emprendida por la oposición en la prensa escrita de la comarca y es justo desvelar asuntos turbios que implican a aquellos ediles que, curiosamente, intentan desprestigiarme”, añade.
Por otro lado, y con respecto a la operación financiera emprendida con el ICO para el afrontar el pago a proveedores municipales, Juan Andrés Gil se basa en los informes técnicos municipales que avalan la totalidad legalidad de la operación. “La operación financiera tan sólo tiene un objetivo claro, el de afrontar las deudas con empresarios proveedores del Ayuntamiento que lo están pasando mal y reclaman razonablemente el cobro por los servicios prestados”.
Además, el primer edil tarifeño quiere contestar al Secretario Provincial del Psoe, González Cabañas, señalando a “los muchos consejeros de administración de cajas de ahorro andaluzas que guardan afiliación política con el Partido Socialista y que durante años han estado cerrando operaciones financieras sin tener en cuenta esta circunstancia”.
