Como en otras ocasiones, la mentira suele ser una media verdad, o como explica el magistrado Gómez Bermúdez sobre los relatos posteriores al 11M, «se toma un dato, se descontextualiza, se omiten todos los demás datos que contradicen ese, y de este dato, del que se afirma que es una verdad absoluta se saca una conclusión», y ahí tienen las teorías de la conspiración.

Podemos volver veinte años atrás o veinte siglos porque el método siempre es el mismo, generar dudas o incertidumbre en la población y si no puedes llevarte tú el rédito por lo menos conseguirás deslegitimar el sistema con el extendido «son todos iguales». Se dice que todo cambió a finales del siglo XX, con el acceso masivo a internet donde todos podemos producir contenidos, y distorsionar los hechos. Que hasta ese momento el contenido solo era suministrado por los periodistas o las élites culturales, y servían de manera general como cortafuegos de la mentira.

Pero esto no fue siempre así, y la utilización espuria de la información acabó uniéndose al grito de no nos representan junto con el de las instituciones políticas. Hubo cabeceras de medios que siguieron dando informaciones a sabiendas de que eran falsas sobre la autoría de los atentados de Atocha, durante mucho tiempo, no optando por un posicionamiento político, que eso es de todo punto respetable, sino contradiciendo la investigación policial, la instrucción judicial del caso y los resultados de las sentencias, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Todavía hoy, veinte años después, hay responsables políticos que vuelcan toda la responsabilidad de sus declaraciones en el trabajo anónimo y esforzado de los cuerpos de seguridad del Estado.

Extender la mancha a los servidores públicos que no se pueden defender con las mismas herramientas que los que detentan el poder es mezquino. La consecuencia de la impunidad de la mentira destroza las democracias, basadas en la confianza mutua entre representantes y representados, rompe uno de los pilares fundamentales del Estado que es el sometimiento a la ley y la seguridad jurídica y torna como innecesario lo que es imprescindible, la transparencia.

Denunciar esta situación no es instrumentalizar a las víctimas, ni politizar la desgracia, sino al contrario pedir respeto, memoria y verdad. Para todos los terrorismos, cuando ya queda lejano el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo que firmaron el Partido Popular y el Partido Socialista en 2000, cuatro años antes del atentado del 11M que cambiaría todo para siempre. Son tiempos difíciles para la unidad incluso en lo esencial pero con las víctimas no se juega.

   Carmen Lumbierres | Columnista de «El Periódico de España»