TCAM – ANDALUCIA / D.C.
En lo que se refiere a los desahucios, éstos sufrieron un descenso en 2011, menos en Málaga, Almería y Jaén, donde se han incrementado levemente. Sin embargo, pese a que el número de nuevos desahucios ha descendido, siguen siendo considerables los asuntos de este tipo pendientes (un total de 4.963), lo que revela que el número de desalojos permanecerá en niveles elevados, según se desvela en el informe, presentado este jueves por el presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río.
En la memoria se resalta en este apartado como «significativo» el número de desahucios que se han solicitado en los Juzgados de la provincia de Málaga (2.948), muy superior a Sevilla (2.065) y Cádiz (1.441), que destacan, asimismo, respecto a provincias como Granada (1.125), Almería (770), Córdoba (633), Huelva (476), y Jaén (458).
En cuanto a los despidos, los Juzgados de lo Social ingresaron el pasado año un 9 por ciento más de asuntos, por lo que la pendencia sigue una tendencia alcista (47 por ciento con respecto al año anterior).
Por provincias, los despidos han aumentando en Cádiz y Sevilla, manteniéndose en cifras muy similares a las de 2010 en Algeciras, Jerez de la Frontera, Ceuta, Córdoba, Motril y Melilla, descendiendo en las restantes. El mayor número de ingresos en despidos lo presentan Sevilla (4.626 despidos) y Málaga (4.134 despidos).
PENDENCIA
La pendencia ha crecido, con distinta intensidad, en los Juzgados de lo Social de Almería, Cádiz, Jerez de la Frontera, Ceuta, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Melilla y Sevilla. Únicamente han reducido el número de despidos pendientes los Juzgados de Algeciras y Motril.
El importante incremento en el número de despidos ingresados en 2011, situándose por encima, incluso, del nivel de ingresos del año 2009, junto con la pendencia acumulada durante estos últimos años (superior a 4.000 despidos en 2009 y que se sitúa por encima de los 6.200 asuntos en 2011), pone de manifiesto, para el TSJA, «una preocupante saturación en este tipo de procedimientos», cuya tramitación es considerada preferente por la Ley procesal, máxime cuando la capacidad resolutiva desciende cada año.
En los Juzgados de lo Mercantil, el TSJA aprecia un incremento general de los concursos de acreedores. Málaga, Sevilla y Cádiz, son las tres provincias donde hay un mayor número de ingresos. En Málaga, donde el nivel de ingresos en concursos de acreedores es el más alto de Andalucía, se ha vuelto a elevar en el último año, incrementándose el número en un 31 por ciento respecto al año anterior. El nivel de resolución es un 55 por ciento mayor que en 2010, fruto, según se indica en la memoria, de las medidas de refuerzo implementadas en los dos Juzgados de lo Mercantil, aunque no obstante, la pendencia sigue creciendo y aumenta un 34 por ciento en esta provincia el pasado año.
Según el TSJA, el incremento de los concursos está creando serias dificultades en los Juzgados de lo Mercantil andaluces, pese al refuerzo, casi general, con que cuentan los mismos. Sin embargo, la dotación de sus plantillas es «claramente insuficiente» para poder absorber el exceso de asuntos a tramitar y las medidas de refuerzo normalmente no implican un aumento de la dotación de funcionarios o bien es mínimo, de modo que, en la actual situación, «son notoriamente insuficientes para la atención ordenada o razonablemente abarcable del número de asuntos que ingresan en estos Juzgados, sin que el pronóstico de la evolución económica del país acompañe a mejorar las expectativas inmediatas». Por ello, el TSJA considera que «se impone con urgencia» la adopción de medidas coyunturales y estructurales que corrijan esta situación.
Por otra parte, la memoria propone una serie de medidas «sin las cuales no podremos despegar», según ha indicado Lorenzo del Río, que pasan por la «transformación tecnológica», la «transformación organizativa» y «dimensionar el volumen de entrada de asuntos». En cuanto a la primera, el TSJA apuesta por abandonar el formato papel y pasar a realizar los trámites en un fichero electrónico (digitalización de procedimientos judiciales y gestión documental a través del expediente electrónico) como «única forma de no burocratizar aún más la administración de justicia».
En cuanto a la transformación organizativa, el TSJA insiste en la existencia de un «modelo agotado», que no permite rentabilizar los recursos, cuando esto se hace aún más importante en momentos de crisis, y que es «queja generalizada de los jueces». Hay, según se indica en la memora, «una disfuncionalidad organizativa evidente», que exige modernizar y racionalizar, romper la rigidez y una correcta redistribución del personal, potenciar los Servicios Comunes, así como la forma colegiada de trabajo, y revisar el concepto de Juzgado, ya que éstos suponen un coste muy elevado que no se corresponde con su rentabilidad. «No se trata de clonar Juzgados, extendiendo un sistema de islotes que impide compartir recursos e información, reducir costes, duplicidades y tiempo», se señala en la memoria.
Asimismo, en lo referido a la racionalización del volumen de recursos, el TSJA insiste en la «necesidad inmediata de introducir reformas procesales en el orden jurisdiccional penal, ámbito especialmente sensible con un porcentaje de litigiosidad superior al 70 por ciento sobre el total de asuntos, con dilaciones palpables. «Desde esta Sala de Gobierno se considera imprescindible y urgente introducir reformas procesales en el orden jurisdiccional penal, sin esperar a una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lejana en cuanto a su materialización efectiva y entrada en vigor. Es necesaria la iniciativa legislativa inmediata para medidas efectivas y prontas, que agilizarían los procedimientos y evitarían dilaciones indebidas», se apunta.
