Algunas de las principales asociaciones que luchan contra el abuso sexual infantil en España, como Lulacris, ANIR, Justice Iniciative o Ava, han conformado un frente común para aplaudir las medidas adoptadas por el Gobierno para “reconocer,
prevenir y reparar e indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia”, calificándolo, en todos los casos, como un gran paso, pero con el denominador común de que consideran que sus resultados deberían ampliarse a todos las víctimas de todos los ámbitos.
“Todos son niños o niñas que han sufrido las mismas secuelas y los mismos traumas”, de ahí que defiendan que los apoyos para superarlas, tanto el recibimiento como el estatuto de la víctima, “deben ser igualitarias para todas las víctimas, sean del ámbito que sean”.
Todas las asociaciones se mantienen en la misma sintonía, de ahí que recuerden que: “siempre hemos atendido a víctimas y supervivientes de todos los ámbitos sociales en donde se han perpetrado y se siguen cometiendo estos terribles delitos, así viene reflejado en nuestros estatutos fundacionales y suscribimos la urgente necesidad de atender, reconocer y reparar a todas y cada una de las niñas, los niños, algunas y algunos de ellos ya adultos, que han sufrido en su integridad las consecuencias de estas agresiones sexuales en pleno proceso de forja de sus personalidades”, sostienen.
Igualmente, entienden que se trata de “un gran paso adelante, por parte del Gobierno, que las recomendaciones del informe sobre pederastia eclesiástica del Defensor del Pueblo al ejecutivo, sean atendidas”, pero instan a que: “como siempre hemos querido y reivindicado, se implemente un modelo similar para reconocer, reparar, acompañar e indemnizar al resto de seres humanos quebrados en su estabilidad social y emocional a consecuencia de las terribles secuelas que ocasionan estos delitos”, inciden desde estas asociaciones, que, además, se muestran “seguros y seguras de que lo aplicado en el ámbito eclesiástico puede ser trasladado al resto de ámbitos, y en concreto al intrafamiliar, al deportivo y al de boy scouts.
Recordamos que las secuelas de las víctimas y supervivientes de maltrato y violencia sexual en la infancia y la adolescencia son de tal gravedad, que no atenderlas debidamente suponen un añadido al proceso de re victimización en el que, por desgracia, viven de un modo continuado. Es un deber inmediato de todos que esto no siga pasando”, concluyen las voces que salen de estos colectivos.
Por último, recuerdan que “estamos comprometidos con las víctimas de todos los ámbitos, para nosotros lo mismo es que un niño sea abusado en un ámbito que en otro. Ahora bien, nos gustaría que la Iglesia no utilizase este argumento para dilatar
el proceso del informe, muy encaminado ya, del Defensor del Pueblo, por cuanto creemos que las medidas que salgan de dicho proceso servirán para mejorar no solo la vida de las víctimas de la iglesia, sino del resto de ámbitos. En ese sentido,
queremos recalcar lo atroz y sangrante que sería el hecho de que la Iglesia oculte sus casos y se ampare en el mal general”, finalizan.
La iniciativa, según aclaraba el propio Ejecutivo, integra medidas para «prevenir, reparar y saldar la deuda con las víctimas», siguiendo las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, según explicaba el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Las medidas de este plan, que se aplicará hasta 2027, se enmarcan en cinco ejes de actuación: el reconocimiento y reparación, atención a las víctimas, prevención, formación y sensibilización e información e investigación de los casos.
Además, también se incluye en el paquete de medidas la organización de un acto de Estado de «reparación simbólica» que cuente con la presencia de las víctimas, sus representantes y familiares, tal y como planteaba el informe del Defensor del
Pueblo y una «reparación material suficiente» en los casos que no hayan tenido «oportunidad de reparación en el ámbito judicial».
