El grupo político Verdes de Europa–Tarifa ha criticado al equipo de gobierno local por su intención de destinar nuevos fondos públicos a la Plaza de Toros del municipio, una instalación que, según afirman, no figura como bien de titularidad municipal ni cuenta con garantías de seguridad técnica acreditadas.
Desde la formación ecologista señalan que la falta de información y transparencia sobre este edificio se mantiene desde hace años. Recuerdan que en 2019 solicitaron documentación sobre la propiedad y situación legal de la Plaza de Toros, sin obtener respuestas satisfactorias. En 2022, tras una reclamación ante el Consejo de Transparencia, el Ayuntamiento aportó un documento de 2021 que, según el grupo, “no demuestra la titularidad municipal”, y citan que el inmueble no aparece en la relación del patrimonio municipal elaborada en 2016.
Verdes de Europa menciona también un informe del Tribunal de Cuentas de 2001 en el que se advertía de deficiencias en el inventario de bienes municipales, indicando que “no se actualiza anualmente” y que algunos elementos incluidos carecían de respaldo documental. Según el grupo, esta situación “incumple la normativa vigente” y ha permitido una “falta de claridad” sobre diversos bienes públicos.
En 2023, el colectivo volvió a solicitar información al Ayuntamiento, obteniendo únicamente un plano catastral, que —recuerdan— “no acredita la propiedad de los inmuebles”. Ante esta falta de documentación, aseguran haber elevado el asunto al Defensor del Pueblo Europeo, al considerar que se vulnera el derecho a la transparencia y la seguridad jurídica.
La portavoz de Verdes de Europa-Tarifa, Rosmarie Hennecke, afirmó que su persistencia en este tema “responde a la defensa del interés público, la educación de las futuras generaciones y la protección del bienestar animal”. Hennecke reiteró que la tauromaquia “no es compatible con el respeto a los animales” y abogó por políticas coherentes que promuevan la protección de la biodiversidad.
Finalmente, el grupo ecologista ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a “reflexionar sobre la defensa de lo público” y a “vigilar el uso de los fondos municipales”, insistiendo en la necesidad de “transparencia, ética y responsabilidad política” en la gestión de los bienes de Tarifa.
