La plataforma ciudadana Tarifa No Se Vende ha vuelto a poner sobre la mesa su preocupación por la gestión urbanística en el municipio, centrando esta vez sus críticas en el proyecto promovido por el Grupo Q en los terrenos que ocupaba la antigua conservera La Tarifeña. La organización sostiene que el proceso está marcado por “opacidad” y por las dificultades para acceder a información pública de carácter urbanístico.
Según explica la plataforma, el pasado 5 de mayo registraron ante el Ayuntamiento una solicitud formal para consultar el expediente completo: desde el procedimiento que permitió reclasificar el suelo industrial como urbanizable residencial hasta la documentación técnica y el cumplimiento de las obligaciones relativas a vivienda protegida. Tras no obtener respuesta municipal, recurrieron al Portal de Transparencia de Andalucía, donde su reclamación quedó registrada el 13 de junio de 2025.
El Consejo de Transparencia notificó que el plazo de resolución, inicialmente fijado para el 15 de septiembre, había sido ampliado tres meses adicionales debido a la acumulación de expedientes y a la falta de personal. A día de hoy, la documentación sigue sin entregarse, según lamenta el colectivo.
Preocupación por los retrasos y la falta de información
La plataforma señala que el constante alargamiento de los plazos en ambas administraciones “deja a la ciudadanía sin la información a la que tiene derecho”. Aunque el silencio administrativo esté recogido en la ley, advierten de que no puede convertirse en una práctica habitual, especialmente cuando se trata de proyectos de gran impacto sobre la ciudad.
“Cuando la ausencia de respuesta se repite y los plazos se estiran sin explicación, es lógico que crezca la sensación de que el silencio ha dejado de ser puntual para convertirse en un problema sostenido”, apuntan desde la organización.
Opacidad más allá del caso de La Tarifeña
El colectivo subraya que esta situación no es un hecho aislado. Denuncian que otros desarrollos urbanísticos en Tarifa avanzan sin que la ciudadanía pueda consultar fácilmente la documentación en la web municipal, sin publicación clara de las licencias y sin explicaciones oficiales que permitan comprender los criterios de aprobación.
“La transparencia no puede depender de que los vecinos tengan que insistir una y otra vez —afirman—. La población tiene derecho a saber cómo se transforma su municipio.”
Reivindicaciones de la plataforma
Ante este escenario, Tarifa No Se Vende reclama:
Acceso inmediato al expediente completo del proyecto de La Tarifeña.
Publicación periódica y accesible de los proyectos urbanísticos en tramitación.
Cumplimiento estricto de las obligaciones legales en materia de información pública.
“La información no es un favor: es un derecho. La falta de respuesta solo genera incertidumbre, preocupación y desconfianza en las instituciones”, concluyen desde la plataforma ciudadana.
