El sindicato CSIF ha denunciado la falta de previsión y la situación de desprotección vivida por el profesorado y la comunidad educativa de la provincia de Cádiz durante la alerta meteorológica registrada ayer, al considerar que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional no adoptó medidas suficientes para garantizar la seguridad de las personas trabajadoras y del alumnado. Foto ies las banderas
Según ha señalado CSIF, la actividad lectiva presencial solo fue suspendida en algunas localidades, principalmente en la Sierra de Grazalema, mientras que en el resto de la provincia se mantuvo la normalidad, pese a encontrarse en alerta naranja. Esta decisión generó, a juicio del sindicato, una situación de incertidumbre y riesgo innecesario, ya que durante la jornada se produjeron carreteras cortadas, inundaciones, caídas de árboles y mobiliario urbano, así como incidencias en los propios centros educativos, como goteras, además de recomendaciones oficiales para evitar desplazamientos y actividades al aire libre.
El sindicato ha calificado de “falta de responsabilidad” la actuación de la Administración educativa al obligar al personal docente a acudir a sus centros de trabajo sin valorar adecuadamente las circunstancias meteorológicas ni los riesgos asociados a los desplazamientos, especialmente en el caso de aquellos profesores que deben desplazarse a otras localidades para impartir clase.
CSIF ha reclamado medidas urgentes y directrices claras que prioricen la integridad física y la salud tanto del profesorado como del alumnado, subrayando que la falta de actuación preventiva vulnera los principios básicos de la prevención de riesgos laborales. En este sentido, el sindicato ha recordado que, a diferencia del personal laboral —amparado por el Estatuto de los Trabajadores—, el profesorado funcionario carece de una normativa específica que le permita no acudir a su puesto de trabajo en situaciones de inclemencias meteorológicas graves, lo que considera una situación de “total indefensión”.
Asimismo, CSIF ha exigido a la Administración la revisión y actualización de los protocolos ante alertas meteorológicas, con especial atención a las zonas vulnerables a inundaciones o con dificultades de acceso, así como una mejora en la coordinación y la comunicación entre las distintas autoridades y la administración educativa.
Por último, el sindicato ha cuestionado la gestión realizada y la lentitud en la emisión de comunicados oficiales, que, a su juicio, deberían haberse difundido con antelación, cuando las previsiones meteorológicas ya eran claras, para permitir una respuesta más rápida, eficaz e informada sobre la apertura o cierre de los centros educativos.
