El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la incorporación del proyecto residencial de Albacerrado, en Tarifa, a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), un instrumento creado para agilizar la tramitación de iniciativas consideradas estratégicas. La actuación prevé la construcción de 514 viviendas, de las que 283 (el 55%) serán protegidas.
Se trata de la primera promoción residencial que se acoge a este mecanismo, recientemente incorporado al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y a la nueva Ley de Vivienda de Andalucía. Con ello, el Ejecutivo autonómico pretende reducir los plazos administrativos y facilitar el desarrollo de proyectos que incrementen la oferta de vivienda asequible.
La iniciativa, promovida por Investment Real Estate Tarifa, se desarrollará en el sector ATU-TA-01 Albacerrado y cumple con los requisitos del artículo 25 de la normativa autonómica, que exige un mínimo de 250 viviendas protegidas o, en el caso de grandes promociones, más de 500 viviendas con reserva de suelo para este fin. Además, al menos la mitad de las VPO previstas serán de régimen especial, en línea con los objetivos del Plan Vive en Andalucía, reforzando el carácter social del proyecto en un municipio con elevada demanda residencial.
El proyecto constituye la primera fase de un desarrollo urbanístico de mayor alcance, que contempla cerca de 1.000 viviendas en total, compartiendo infraestructuras y dotaciones. El ámbito cuenta con el respaldo del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, que identifica la zona de El Guijo-Albacerrado como estratégica para el crecimiento residencial.
Desde el punto de vista económico, la promoción supondrá una inversión de 131,76 millones de euros y la creación de 454 empleos directos durante las fases de urbanización y construcción, además de 14 puestos de trabajo indirectos. La Junta destaca el impacto positivo que tendrá sobre la economía local y comarcal.
La incorporación a la UAP permitirá acompañar a la promotora durante todo el proceso administrativo, coordinando permisos y autorizaciones y estableciendo un cronograma consensuado. Esta medida se enmarca en la estrategia de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para impulsar de forma urgente la vivienda protegida, con el objetivo de alcanzar 20.000 nuevas VPO en cinco años.
