Una treintena de familias ha decidido no llevar a sus hijos a la Escuela Infantil Virgen de la Luz de Tarifa ante lo que consideran una situación que “no garantiza la seguridad ni la salubridad” de los menores. La protesta se ha desarrollado en la mañana de este 19 de marzo a las puertas del centro, en un contexto marcado por la huelga indefinida que mantiene el 100% de la plantilla.
Durante la concentración, padres y madres denunciaron que la escuela continúa funcionando únicamente con servicios mínimos, cubiertos —según indican— por un técnico, un auxiliar de cocina y la directora, una dotación que consideran insuficiente para atender al alumnado en condiciones adecuadas.
El conflicto se ha intensificado en el momento de acceso al centro, donde se concentraban numerosos menores a la espera de entrar. Las familias solicitaron la intervención de la inspección educativa, cuya representante habría indicado verbalmente que el centro debía admitir a todo el alumnado presente, sin tener en cuenta el número de profesionales disponibles ni las ratios establecidas.
Según relatan los asistentes, en ese momento ya había menores dentro de las instalaciones utilizando el servicio. Ante esta situación, las familias optaron por no dejar a los niños en el centro y reclamaron la presencia de autoridades para que quedara constancia oficial de lo ocurrido. No obstante, aseguran que la inspección rechazó formalizar por escrito su posicionamiento.
Desde la Asociación de Familias ADARVE se está valorando la interposición de una denuncia administrativa, al entender que la situación responde tanto a la falta de respuesta a sus demandas como a una gestión de los servicios mínimos que consideran inadecuada.
El conflicto laboral en la escuela está a punto de cumplir una semana desde el inicio de la huelga indefinida, convocada por la ausencia de refuerzos en la plantilla pese al aumento de alumnado. Para este viernes está prevista una reunión entre el comité de empresa y la Delegación Territorial de Educación, en la que se espera avanzar hacia una solución, aunque la participación de todas las partes aún no está confirmada.
La situación ha trascendido el ámbito local y ha llegado a la Diputación de Cádiz, donde recientemente se aprobó por unanimidad una moción para exigir un refuerzo urgente de personal en el centro.
Mientras tanto, las familias alertan también del impacto que esta situación está teniendo en la conciliación laboral y familiar, en un escenario que, a su juicio, requiere una respuesta inmediata por parte de las administraciones competentes.
