Los Verdes cuestionan el interés público de destinar cerca de 35.000 euros municipales a la corrida del 30 de agosto en Tarifa.  La formación señala que el beneficio para el municipio se justifica en el expediente mediante argumentos genéricos de promoción turística y reclama transparencia sobre la contratación y autorización del festejo

Los Verdes de Europa–Tarifa han cuestionado el interés público de destinar cerca de 35.000 euros de fondos municipales a la corrida de toros prevista para el próximo 30 de agosto en Tarifa. La formación sostiene que el expediente vincula el beneficio para el municipio a conceptos como la “difusión”, la “promoción del municipio” y la “proyección institucional y turística”, pero considera que ese supuesto retorno no está cuantificado ni respaldado por un estudio de impacto.

Según el documento difundido por la formación, el Ayuntamiento asumiría los 35.000 euros y pondría a disposición la plaza de toros, mientras que la empresa adjudicataria, Eventos San Roque, S.L., conservaría la taquilla y los posibles ingresos derivados de televisión, publicidad y comercialización. Los Verdes consideran que no se ha concretado de qué manera esa inversión pública se traducirá en un retorno para la ciudadanía.

La formación señala además que los 35.000 euros no aparecen en el presupuesto municipal como una partida específica bajo el concepto de corrida de toros, sino dentro de gastos reservados relacionados con fiestas populares y gastos diversos. Según su interpretación, el destino concreto del dinero debe comprobarse mediante el expediente de contratación. También afirma que en el expediente 1026/4364, de fecha 17 de abril de 2026, no consta un acuerdo, debate o votación del Pleno sobre la celebración del festejo.

Solicitud de Somos Tarifa ante la Junta

Los Verdes informan también de la denuncia presentada por la plataforma ciudadana Somos Tarifa ante la Junta de Andalucía, en la que se solicita que se compruebe la legalidad de la corrida y la justificación de su interés público.

Uno de los aspectos cuestionados es el cambio de fecha del festejo, inicialmente previsto para el 23 de agosto y posteriormente trasladado al día 30. Según el documento, el cambio estuvo relacionado principalmente con la posibilidad de una retransmisión televisiva, aunque la comunicación de Canal Sur recogida en el expediente únicamente situaría dicha retransmisión “en previsión”, sin que exista un compromiso firme.

La formación denuncia asimismo la existencia de informes municipales contradictorios. Uno de ellos habría calificado inicialmente el festejo como corrida “sin picadores”, mientras que otro posterior lo habría corregido a corrida “con picadores”. Los Verdes consideran que esta diferencia afecta a los medios materiales, profesionales y de seguridad necesarios para la celebración. Además, señalan que los informes hacen referencia al 23 de agosto y citan una normativa taurina que, según la formación, estaría derogada.

Por estos motivos, Somos Tarifa habría solicitado que no se autorice la celebración hasta comprobar la documentación técnica, sanitaria, veterinaria y de seguridad, así como los seguros, la ambulancia, los caballos y la contratación de los profesionales.

También cuestionan la presidencia del festejo

Otro de los aspectos planteados por Los Verdes se refiere a la presidencia del espectáculo taurino y al cumplimiento de los requisitos de imparcialidad, experiencia y ausencia de intereses.

La formación plantea específicamente si existiría garantía de imparcialidad en el supuesto de que el concejal de Protección Animal, Ricardo Silva, que según Los Verdes habría promovido, justificado y firmado la propuesta de gasto de 35.000 euros, fuese también designado presidente del festejo, al asumir entonces funciones de control sobre el mismo espectáculo que previamente habría promovido.

Los Verdes de Europa–Tarifa reclaman finalmente que el Ayuntamiento explique con claridad las razones por las que considera prioritario destinar esta cantidad de dinero público a la corrida y defiende que la administración debe justificar el interés público de la decisión ante el conjunto de la ciudadanía.

La formación acompaña su posicionamiento de una crítica ética a la tauromaquia y considera contradictorio que se utilicen fondos municipales para financiar una actividad que, según sostiene, una parte de la sociedad rechaza por motivos de bienestar animal.