Ecologistas en Acción pide aclarar el alcance del pronunciamiento antes del Pleno del Ayuntamiento de Tarifa del próximo martes y recuerda que la controversia jurídica sobre el proyecto no queda cerrada.  El proyecto del Ecohotel Las Piñas, en Tarifa, afronta esta semana un nuevo trámite administrativo después de que el Consejo Consultivo de Andalucía haya respaldado la propuesta del Ayuntamiento de Tarifa de desestimar la revisión de oficio solicitada por Ecologistas en Acción sobre los acuerdos municipales relacionados con el proyecto y las licencias de obras y actividad.

El pronunciamiento será llevado al Pleno municipal del próximo martes, 29 de septiembre, donde se abordará la propuesta de mantener en vigor los trámites administrativos que afectan al futuro establecimiento hotelero.

Sin embargo, Ecologistas en Acción ha pedido que se precise el verdadero alcance del Dictamen 548/2026 y ha advertido de que el pronunciamiento del Consejo Consultivo no constituye una declaración judicial sobre la legalidad del proyecto.

Según la organización ecologista, el dictamen se refiere específicamente al procedimiento de revisión de oficio de los acuerdos plenarios de 2 de octubre de 2018 y 29 de marzo de 2022, y no supone, por sí mismo, una resolución definitiva sobre todas las cuestiones jurídicas que afectan al proyecto.

Una controversia que viene de años atrás

El núcleo de la disputa se encuentra en la interpretación de la relación entre el Plan General de Ordenación Urbana de Tarifa (PGOU) y el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (POTCG).

El PGOU de Tarifa, aprobado en 1990, clasifica los terrenos de Las Piñas como suelo no urbanizable de carácter rural común y establece una prohibición del uso hotelero.

Posteriormente, el POTCG, aprobado en 2011, incluyó estos terrenos dentro de una Zona de Interés Territorial. Su artículo 76.1 contempla, entre otros usos, la posibilidad de implantar actividades de alojamiento hotelero siempre que sean compatibles con las características naturales y rurales del territorio.

La interpretación defendida por el Ayuntamiento sostiene que las determinaciones del POTCG, al ser posteriores y tener carácter normativo, son de aplicación directa y prevalecen sobre las determinaciones anteriores del planeamiento municipal cuando existe una contradicción entre ambas.

El Consejo Consultivo comparte ahora esta interpretación y considera que el artículo 76.1 del POTCG permite el alojamiento hotelero en estas zonas y que sus determinaciones prevalecen sobre la regulación anterior del PGOU.

Ecologistas en Acción mantiene, por el contrario, que el PGOU prohíbe expresamente el uso hotelero y que la inclusión de los terrenos en una Zona de Interés Territorial no obliga al Ayuntamiento a autorizarlo.

Los ecologistas recuerdan los informes anteriores

La organización también subraya que la interpretación actual del Consejo Consultivo no coincide con algunos de los criterios mantenidos anteriormente por distintas administraciones.

Ecologistas en Acción recuerda que en enero de 2019 la Administración autonómica competente en materia de Ordenación del Territorio requirió al Ayuntamiento de Tarifa la anulación del acuerdo plenario de 2018.

También señala el informe emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Cádiz en noviembre de 2021 y el criterio mantenido durante la tramitación del expediente por la Secretaría General del Ayuntamiento de Tarifa en 2022, que cuestionaron la legalidad urbanística del proyecto desde distintas perspectivas.

La organización considera, por tanto, que no existe una simple discrepancia entre su posición y la del Consejo Consultivo, sino una controversia jurídica que se viene desarrollando desde los primeros pasos administrativos del proyecto.

El dictamen no cierra la vía judicial

Ecologistas en Acción insiste además en que el carácter vinculante del dictamen para el Ayuntamiento dentro de este procedimiento concreto no significa que sus consideraciones queden fuera del control de los tribunales.

La organización recuerda que el Consejo Consultivo es un órgano consultivo y no jurisdiccional, por lo que las cuestiones jurídicas relacionadas con la resolución administrativa pueden quedar sometidas, en su caso, al control de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por ello, reclama que antes de la sesión plenaria del martes se explique con precisión qué se someterá a votación y cuál es el alcance real del dictamen, especialmente ante la utilización del concepto de “vía libre” para el hotel.

Un proyecto de cinco estrellas y hasta 30 millones de inversión

El proyecto del Ecohotel Las Piñas se plantea sobre una finca de 270.000 metros cuadrados, unas 27 hectáreas, situada en la Dehesa de Las Piñas.

La propuesta contempla una ocupación construida equivalente al 4,2% de la superficie total, con edificios de un máximo de dos alturas y una apuesta por una baja densidad constructiva.

El complejo prevé alrededor de un centenar de habitaciones, distribuidas entre 18 villas de entre tres y seis dormitorios y 30 suites.

El proyecto incluye además un edificio común de 1.850 metros cuadrados con recepción, zonas comunes, salón social y terrazas, además de un spa de 1.000 metros cuadrados, piscinas exteriores, gimnasio y sala polivalente para seminarios y congresos. También contempla restaurante, cafetería y beach club.

Entre las actuaciones planteadas figuran un huerto ecológico de 17.000 metros cuadrados, cubiertas vegetales, recuperación de aguas pluviales y residuales, placas fotovoltaicas, viales de tierra compactada y el empleo de materiales de construcción ecológicos.

Los promotores plantean asimismo posibles colaboraciones para contribuir a la conservación de los parques naturales del Estrecho y Los Alcornocales, espacios protegidos situados en el entorno del proyecto.

La inversión prevista se sitúa entre 28 y 30 millones de euros y el complejo tendría una categoría prevista de cinco estrellas.

En materia laboral, la iniciativa estima la creación de entre 130 y 150 empleos directos, además de una oferta vinculada al wellness, tratamientos, yoga, meditación y gastronomía basada en productos de proximidad.

Los promotores prevén comenzar las obras en 2027

Según el calendario manejado por los promotores, la construcción podría comenzar a principios de 2027, con un plazo estimado de ejecución de 27 meses, lo que situaría la apertura del complejo en abril de 2029.

El próximo Pleno municipal supone, por tanto, un nuevo paso administrativo para un proyecto que lleva años rodeado de controversia urbanística y ambiental.

El Consejo Consultivo ha respaldado la posición municipal en el procedimiento de revisión de oficio, mientras que Ecologistas en Acción mantiene sus objeciones y reclama que el alcance del dictamen no se presente como una resolución definitiva sobre la legalidad del proyecto.

La próxima decisión estará ahora en manos del Pleno del Ayuntamiento de Tarifa, mientras la controversia jurídica queda abierta a los mecanismos de control que correspondan.